En abril de este año, el Ministerio Público informó sobre el arresto de Ángel Luis Guzmán Vásquez, quien se desempeñó como auxiliar del Departamento de Autorizaciones Médicas del Seguro Nacional de Salud (Senasa) desde el 8 de marzo de 2021 hasta el 1 de noviembre de 2022.
Este viernes, con la puesta en marcha de la operación Senasa 2.0, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) detuvo a sus padres y a uno de sus hermanos durante un allanamiento realizado en horas de la madrugada.
“El Ministerio Público sabe que su mamá, su papá y su hermano nunca han tenido ningún tipo de vinculación con el caso Senasa ni con las acciones de su hijo, que es imputado en este proceso”, explicó Billi Geronimo, representante de los padres y hermano de Ángel Luis Guzmán.
De acuerdo con Geronimo, estas personas habían sido interrogadas previamente de forma “administrativa” en sus lugares de trabajo, debido a que se desempeñan como conserjes del Seguro Nacional de Salud.
“La vinculación es porque ellos son los padres, madre y hermano de una persona que está imputada en el caso Senasa”, recalcó.
Ángel Luis Guzmán fue arrestado cuando pretendía salir del país con destino a Boston, Estados Unidos, sin contar con boleto de retorno.
El imputado está vinculado a una investigación sobre autorizaciones irregulares de procedimientos médicos y consultas en el Senasa. Según el Ministerio Público, se investigaban autorizaciones de servicios presuntamente fraudulentas solicitadas entre el 28 de enero de 2021 y el 20 de febrero de 2025, para cirugía menor ambulatoria y consulta especializada, que sumaban 4,363 autorizaciones, por un monto acumulado de al menos RD$41,125,551.02.
Durante la operación realizada este viernes fueron arrestadas al menos 28 personas y se ocuparon bienes, dinero en efectivo, vehículos y armas de fuego.
Según el Ministerio Público, la operación tiene entre sus objetivos procesar a médicos que, además de presuntamente violar el Código Penal y amenazar los servicios de salud dirigidos a sectores vulnerables, habrían afectado a colegas que actúan conforme a la ética profesional y las leyes vigentes.
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