La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) enfrenta cuestionamientos luego de que una organización de vigilancia advirtiera que el trabajo forzoso persiste en los campos de caña de azúcar de República Dominicana, país que exporta importantes cantidades de azúcar y otros productos al mercado estadounidense.
En 2022, la agencia federal estadounidense impuso una prohibición a las importaciones de azúcar y otros productos elaborados por Central Romana Corporation, Ltd., tras acusar a la empresa de aislar a trabajadores, retener salarios y propiciar condiciones laborales y de vida abusivas.
La medida fue levantada el año pasado durante el Gobierno del presidente Donald Trump, decisión que generó cuestionamientos y que volvió a ser objeto de críticas tras la publicación, el martes, de un informe de la organización sin fines de lucro Corporate Accountability Lab, que sostiene que el trabajo forzoso persiste en los campos de caña.
El informe fue elaborado tras más de tres años de investigaciones.
Senador pide explicaciones
El senador demócrata por Oregon, Ron Wyden, envió este jueves una carta a la CBP en la que solicita información sobre las razones que llevaron a la agencia a revocar la prohibición de importaciones.
Wyden acusó a la CBP de haber “abandonado abruptamente sus propios procedimientos administrativos establecidos”.
“Eludir los procesos estándares de aplicación de las normas comerciales para corporaciones con conexiones políticas y propiedad de multimillonarios socava la integridad de la política comercial de Estados Unidos”, escribió el legislador.
El senador solicitó los expedientes administrativos, las recomendaciones finales y otros documentos relacionados con el caso.
La agencia estadounidense reconoció por correo electrónico haber recibido la solicitud de información, pero hasta el momento no había emitido declaraciones al respecto.
Wyden sostuvo que garantizar que los mecanismos de aplicación de las normas comerciales estadounidenses estén protegidos de interferencias políticas y cumplan con los requisitos legales resulta fundamental para evitar que productos vinculados al trabajo forzoso ingresen a las cadenas de suministro de empresas y consumidores estadounidenses.
AP
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