Santo Domingo.- Para reducir el trabajo infantil en el país se hace necesario establecer redes de protección social y generar una cultura de promoción y respeto a los derechos de la infancia, así lo sostiene Carlos Carrera, representante de UNICEF en República Dominicana.
“Se hace necesario establecer redes de protección social y generar una cultura de promoción y respeto a los derechos de la infancia, desde la igualdad de género, para abordar las formas específicas de explotación que afectan a niñas y adolescentes”, agregó Carrera.
El organismo internacional establece que, cuando se habla de “trabajo infantil” no se refiere a tareas sencillas en las que niños y niñas ayudan en casa o el negocio familiar.
En el ámbito internacional, se considera trabajo infantil a aquel en el que los niños son demasiado jóvenes para trabajar o participar en actividades peligrosas que les impiden disfrutar de su derecho a la educación, al juego y a una vida saludable y digna. Esta situación les priva de su infancia y les expone a condiciones extremadamente difíciles.
“Para poner fin a esta violación de los derechos de la infancia, es necesario un compromiso global. La lucha contra el trabajo infantil y otras formas de explotación extremas requiere de políticas sociales en colaboración entre gobiernos, organizaciones internacionales, el sector privado y la sociedad civil para proteger a los niños y garantizarles un futuro en el que puedan desarrollar todo su potencial”, dijo Carrera.
Los datos estadísticos más recientes sobre trabajo infantil con los que cuenta la nación dominicana son de la encuesta ENHOGAR MICS 2019. En ese año, el porcentaje de niños y niñas de 5 a 17 años que realizaba trabajo infantil fue de 3.8%. Según el último informe (de 2023) de datos sobre trabajo infantil de UNICEF, en los países menos desarrollados, algo más de uno de cada cuatro niños (de 5 a 17 años) realiza trabajos que se consideran perjudiciales para su salud y desarrollo.
Asimismo, mencionado Fondo y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece que a fin de evitar que el trabajo infantil siga aumentando, es preciso continuar abogando en: Fomentar una protección social adecuada para todos que incluya prestaciones universales por hijos; aumentar el gasto en educación de calidad y facilitar la permanencia de todos los niños en la escuela; promover el trabajo decente para los adultos, con el objetivo de que las familias no tengan que recurrir a la ayuda de sus hijos para generar ingresos familiares; poner fin a las normas de género injustas y a la discriminación que propician el trabajo infantil e invertir en sistemas de protección de la infancia, el desarrollo del sector agrícola, servicios públicos rurales, infraestructuras y medios de subsistencia.