El juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, ratificó la prisión preventiva que cumplen por 18 meses varios generales implicados en el expediente Coral 5G; y varió las medidas de coerción a tres de los imputados en el caso de alegada corrupción.
El Tribunal decidió mantener en prisión los generales Boanerges Reyes Batista, Juan Carlos Torres Robiou y a Julio Camilo De los Santos Viola.
También al capitán de navío Franklin Mata Flores y a José Manuel Rosario Pirón; ratificando la prisión domiciliaria a Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez y a Lucía Rodríguez.
El magistrado Raymundo Mejía en cambio decidió variar la prisión preventiva por domiciliaria e impedimento de salida del país a Yehudy Guzmán, mientras que a César Ramos Ovalles y a Esmeralda Ortega Polanco, dispuso variarle la prisión domiciliaria por impedimento de salida, presentación periódica y una garantía económica de un millón de pesos.
“En el día de hoy el tribunal ha mantenido la medida de coerción a la mayoría de los imputados, salvo excepciones, incluso en una de esas excepciones el Ministerio Público estuvo de acuerdo con la variación de la medida por el comportamiento del imputado en este proceso”, señaló Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Resaltó que en la audiencia se conoció la revisión de medida de coerción a doce personas y el tribunal acogió el pedimento del Ministerio Público con relación a diez.
“En sentido general, el tribunal acogiendo los planteamientos realizados por el Ministerio Público, entendiendo y así lo motivó en la gravedad de los hechos que se imputan, la pena imponible en caso de condena y el gran daño que hay que resarcir al pueblo dominicano con la gran cantidad de dinero que se sustrajo del erario, ha mantenido las medidas de coerción de este proceso en sentido general”, apuntó.
El titular de la Pepca dijo que los pasos a seguir lo determinará el desarrollo de los acontecimientos de este proceso, tras responder preguntas de varios periodistas que lo abordaron a la salida del tribunal.
En la audiencia para la revisión obligatoria de las medidas de coerción, además del procurador adjunto Wilson Camacho, representaron al Ministerio Público Mirna Ortiz, Jonathan Pérez y María Melenciano.
Los imputados cumplen prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal.
Una nota de prensa de la Procuraduría General dice que durante el desarrollo de las investigaciones contra los integrantes del entramado de corrupción, el Ministerio Público ha logrado obtener diferentes documentos de bancos, títulos de propiedad, bienes inmuebles que han sido decomisados y otros elementos probatorios.
Agrega que la red de corrupción desmantelada con las operaciones Coral y Coral 5G movió al menos 4,500 millones de pesos.
Sostiene que a los oficiales de los cuerpos castrenses se les ha ocupado durante las investigaciones unas 125 propiedades.
El Tribunal adoptó la decisión durante la revisión obligatoria de la medida de coerción y fijo la próxima audiencia para el 14 de junio de este año.
La lectura íntegra de la decisión fue fijada para el próximo 16 de mayo.