La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, fue apoderada hoy de una querella en contra de los pasados ministros Gustavo Montalvo, José Ramón Peralta y Donald Guerrero por presunta corrupción administrativa, desfalco y prevaricación.
La querella con constitución en actor civil fue incoada por Antonio Marte, en representación de la Confederación Nacional del Transporte (CONATRA) y Mario Díaz, en representación de la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social (Fenattransc), a través de sus abogados Fredermido Ferreras Díaz y Carlos Manuel Mesa.
En la instancia se acusa a los exministros del pasado gobierno del expresidente Danilo Medina de ser los responsables de la desaparición de más de 17 mil millones de pesos del sector transporte.
La querella sostiene que estos distrajeron los recursos establecidos por la Ley 253-12 para la sustitución de la flota vehicular del transporte de pasajeros y de cargas del país, violentando de esta manera los artículos 122, 123, 124, 405, 408, 265, 266, 267 del Código Penal Dominicano.
“Existe una coalición de funcionarios públicos que se asociaron y apandillaron para distraer los fondos públicos que debieron de ser manejados por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), en coordinación con las compañías y sindicatos de transporte que han recibido un daño Irreparable”, aduce la querella.
En la instancia piden al Ministerio Público establecer las responsabilidades penales correspondiente y procesar penalmente a los posibles responsables de actos de corrupción, dolosos y fraudulentos.
Consideran que la Ley para el fortalecimiento de la capacidad recaudatoria del Estado para la sostenibilidad fiscal y el desarrollo sostenible, No-. 253-12, en su artículo 20 establece que: “Con el objetivo de promover el desarrollo vial y la renovación del parque vehicular de transporte público de pasajeros y de carga se establece un impuesto adicional de dos pesos dominicanos (RD$2.00) por galón al consumo de gasolina y gasoil, regular y Premium, previsto en la Ley No.112-00, sobre Hidrocarburos.
Aduce que el impuesto será recaudado por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la recaudación estimada por este concepto será asignada en el Presupuesto General del Estado.
Sostiene que el Ministerio de la Presidencia coordinará la utilización de dicho fondo e identificará los programas y proyectos a ser financiados y que 25% de estos ingresos deberá ser utilizado exclusivamente para el programa de renovación vehicular de transporte público de pasajeros y de carga, cuyo diseño deberá ser coordinado con los representantes del sector transporte.
Señala que el 75% restante será utilizado para el desarrollo vial y que la administración y uso de estos recursos está sometida al sistema de control interno y externo previsto por las leyes dominicanas, así como al régimen de contrataciones públicas.»