Santo Domingo.-La Suprema Corte de Justicia (SCJ) respondió ayer a las preocupaciones surgidas tras la publicación de su “Política de Protección de Datos”, señalando que tiene un compromiso con la transparencia, el acceso a la información pública y la libertad de prensa, pilares esenciales en una sociedad democrática.
Los cuestionamientos al citado documento del Poder Judicial se centran en que el mismo convertiría en anónimos los procesos judiciales, dificultando la identificación de los actores involucrados y limitando la cobertura mediática de casos de alto interés público.
En respuesta, el Poder Judicial explicó que la anonimización de datos personales sólo se aplicará en escenarios específicos, priorizando la protección de grupos vulnerables, como niños, víctimas de violencia de género e intrafamiliar, y en casos que involucran información sensible, como datos de salud.
El Poder Judicial enfatizó que las audiencias y los expedientes judiciales seguirán siendo públicos, salvo excepciones previstas por la ley.
Según la SCJ, la normativa no restringe el acceso a información noticiosa ni los derechos de la ciudadanía y los medios de comunicación de conocer datos relevantes sobre los procesos judiciales.
También indica que la política no busca ocultar nombres ni apodos de personas involucradas en casos de interés público, como algunos han señalado.
Equilibrio
“El objetivo es equilibrar el derecho a la privacidad con la transparencia judicial, garantizando la comprensión de las sentencias sin exponer de forma irrazonable a los individuos”, aclaró el comunicado.
Algunos medios han planteado que la normativa podría dificultar la labor periodística al anonimizar datos personales clave, como nombres de imputados en procesos judiciales de alto perfil. También se ha cuestionado que la SCJ asuma la facultad de decidir cuándo se puede revelar información sensible, generando preocupación sobre posibles interpretaciones restrictivas.
El documento que detalla la política establece que cada decisión judicial que se publique o entregue a terceros deberá ser revisada para identificar los datos personales presentes, procediendo a su disociación o anonimización cuando sea necesario.
La Suprema Corte aseguró que esta política se implementará con estricto apego a los principios de publicidad, razonabilidad y minimización de datos, en línea con las garantías constitucionales.
Además, subrayó que su objetivo es proteger la dignidad y los derechos fundamentales de las personas sin comprometer el escrutinio público ni la libertad de prensa.
“Esta política busca generar un marco de confianza para los usuarios del sistema judicial, preservando la integridad de la información en un equilibrio que fortalezca tanto la privacidad individual como la transparencia institucional”, concluyó la Suprema Corte de Justicia.