El Ministerio Público reveló que la estructura acusada en el Caso SeNaSa manipuló el sistema de vacunación nacional para facturar vacunas nunca aplicadas, inflar estadísticas y favorecer a centros privados contratados de manera irregular.
La solicitud de medida de coerción detalla que el entramado, liderado por el exdirector Santiago Marcelo Hazim Albainy, habría desviado más de RD$1,482 millones del programa de inmunización entre 2021 y 2025.
De dos a 20 centros privados: el giro que abrió la puerta al fraude
Hasta 2019, la vacunación vinculada al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) se realizaba casi exclusivamente en centros públicos. Solo dos prestadores privados estaban habilitados y únicamente podían cobrar por la aplicación de las vacunas suministradas gratuitamente por el Programa Ampliado de Inmunización (PAI).
El proceso nacional era claro: el Ministerio de Salud Pública recibía las vacunas a través del Fondo Rotatorio de la OPS y las distribuía gratuitamente a 40 direcciones provinciales y de área, y estas, a su vez, abastecían los 1,400 puestos de vacunación del país. Entre 2022 y 2024, más de 12.3 millones de dosis fueron distribuidas sin costo, alcanzando coberturas superiores al 98%.
Pero a partir del 2020, con la llegada de Hazim Albainy a la dirección de SeNaSa, inició un cambio abrupto. Según la acusación, el funcionario creó un Comité de Contrataciones Médicas sin sustento legal, alterando el protocolo institucional para habilitar nuevos prestadores privados. La red de vacunación pasó de 2 a 12 centros privados en poco tiempo, y para 2025 ya sumaban 20.
Vacunas no aplicadas, esquemas alterados y facturación desagregada
El Ministerio Público sostiene que esta expansión irregular permitió que la estructura criminal utilizara el programa nacional de inmunización como mecanismo para inflar la facturación y apropiarse de fondos públicos.
El Informe General de Prestación de Servicios de Vacunas (2021-2025) revela irregularidades severas:
-
La población usuaria triplicó su tamaño, pasando de 16,768 a 63,619 personas.
-
Las autorizaciones médicas crecieron de 50 millones en 2021 a 279 millones en 2023, un aumento del 453%.
-
El valor facturado alcanzó RD$465 millones en 2023, casi nueve veces más que en 2021.
-
El gasto total en vacunación entre 2021 y 2025 ascendió a RD$1,482,863,701.40.
De ese monto, RD$407 millones corresponden a vacunas del PAI, que debieron administrarse exclusivamente en centros públicos, pero que, según la investigación, fueron aplicadas —y facturadas— por centros privados usando dosis entregadas por el Ministerio de Salud Pública.
Auditorías revelan vacunas no aplicadas, precios inflados y servicios inexistentes
Las auditorías realizadas por SeNaSa a prestadores como Escudea Centro de Vacunación Infantil SRL, Super Kiddos SRL, Inmunizaciones San Cristóbal, Vacu Este y Vacumed SRL detectaron un patrón de fraudes reiterados, entre ellos:
-
Facturación de vacunas no pertinentes según edad.
-
Ejemplo: DPT facturada a RD$3,500 cuando el esquema indicado era DT, que cuesta RD$1,000.
-
-
Facturación desagregada de vacunas combinadas como la pentavalente, lo que generaba una sobrefacturación de RD$1,700 por caso.
-
Vacunas no aplicadas, comprobado al comparar tarjetas de vacunación con facturas emitidas.
-
Falta de firmas de afiliados, reclamaciones incompletas y servicios no prestados.
-
Aplicación de vacunas no cubiertas, como Gardasil a afiliados del Plan Básico.
-
Tarjetas de vacunación compartidas entre varios afiliados.
-
Dosis utilizadas provenientes del Ministerio de Salud Pública, pese a que su uso debía limitarse al sector público.
Incluso se documentaron negaciones de servicios, duplicidad en reportes y una validación deficiente de las prestaciones y sucursales de los centros contratados.
Manipulación de contrataciones y direccionamiento de beneficios
La documentación indica que la red manipuló criterios técnicos para habilitar centros privados sin cumplir requisitos, beneficiando a prestadores vinculados a la estructura. Las decisiones de contratación fueron “direccionadas” según el Ministerio Público, violando normas y desviando recursos destinados a la salud preventiva.
Un esquema que debilitó la salud pública
Para las autoridades, el fraude cometido afectó no solo las finanzas estatales, sino la integridad del sistema de inmunización, uno de los pilares más importantes de la salud pública. La manipulación de estadísticas, la aplicación irregular de vacunas y la facturación de servicios inexistentes comprometen —según los fiscales— la seguridad sanitaria y la confianza de la población.