SANTO DOMINGO.- El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) advirtió este miércoles sobre un conjunto de reformas que supuestamente pretende realizar el Consejo del Poder Judicial, y que van en detrimento de los derechos de los jueces y servidores judiciales.
Miguel Surún, presidente del CARD, externó su preocupación a través de una carta dirigida al Consejo del Poder Judicial y a su presidente Luis Henry Molina, en la que les exhorta observar varios aspectos de las reformas con el objetivo de que se garantice el derecho de los jueces y de otros servidores del Poder Judicial, así como el de los usuarios del sistema de justicia.
Según Surún se debe observar una propuesta que busca eliminar las jurisdicciones especializadas con la que se permitiría que cualquier juez conozca un caso sin importar su especialidad. El presidente del CARD explicó que actualmente existen jueces de trabajo, de familia, administrativo y de asuntos civil y comercial, y si los casos en esas materias son conocidos por jueces especializados también existe mayor garantía en la calidad de las decisiones.
El segundo punto sobre el que llamó la atención el Colegio de Abogados es el de la eliminación de la categoría o escalafón de juez de Corte de Apelación, porque limitaría los derechos adquiridos por los jueces de llegar a ocupar esa posición luego ir ascendiendo desde Juez de Paz a Primer Grado y luego Corte de Apelación.
El Colegio de Abogados señaló que dichos derechos no solo se encuentran garantizados por la Ley de Carrera Judicial y la Constitución; sino por infinidad de pactos internacionales en materia de trabajo, por lo que entienden que cualquier reforma, debe incluir el respeto a dichos derechos de los Jueces.
El tercer punto sobre el Consejo del Poder Judicial debe reflexionar es la tentativa de reducción de salarios que existe actualmente. Rechazaron los aprestos de la DGII de reducir el salario de los jueces a través de la consolidación de su sueldo, con los aportes para combustibles y gastos de representación, lo cual es ilegal y abusivo.
El presidente del gremio dijo que “No nos oponemos a la eficientización y renovación de los recursos humanos, pero dicha medida debe hacerse con humanidad y Justicia; no es posible justificar que un servidor sea enviado a su casa después de 20 o 30 años de servicios, sin nada, salvo una compensación que en poco tiempo agotará”.