Santo Domingo.- Siete de los doce imputados en la operación Gavilán admitieron ser miembros de la red dedicada a borrar y alterar registros de antecedentes penales a 16,958 personas.
Ayer, martes por la noche, durante la audiencia para el conocimiento de la solicitud de medida de coerción los acusados asumieron los hechos que están contenidos en la medida de coerción presentada por el Ministerio Público ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, informó la fiscal Sourelly Jáquez.
Para cinco principales cabecillas de la red el órgano judicial solicitó la imposición de prisión preventiva y para los siete que admitieron los hechos, quienes colaborarán con la investigación del Ministerio Público, arresto domiciliario, impedimento de salida del país y presentación periódica. Además, solicitó que el proceso sea declarado de tramitación compleja.
El juez Rigoberto Sena se reservó la lectura del fallo para este miércoles 9 de agosto, a las 6:00 de la tarde, contra los 12 imputados por el Ministerio Público en la Operación Gavilán, una red que se dedicaba a eliminar y borrar los antecedentes criminales a cambio de soborno.
Sobre el proceso, Jáquez dijo que será investigado todo el que esté implicado en esos hechos.
“El Ministerio Público investiga todo, todo lo que, en este caso, ya sea fiscal, ya sea empleado, ya sea persona beneficiada con retiro de fichas, se va a investigar cada alegato y cada elemento de prueba o evidencia que se tenga de que una persona fue beneficiada”, dijo a periodistas que la abordaron cuando salía de la sala de audiencia.
Al responder preguntas sobre qué hará el Ministerio Público con las personas a quienes les borraron las fichas, dijo que “primero, se está restableciendo ya la base de datos de la Procuraduría General de la República, se tomaron las medidas previamente, antes, incluso, del operativo que dio origen a esta medida de coerción, y con relación a los beneficiados también”.
Agregó “que, en una segunda fase, muchos de ellos (a los que les borraron las fichas), van a estar siendo también sometidos por haber pagado los sobornos”.
En torno a qué espera el Ministerio Público sobre la decisión del tribunal, expresó “esperamos la prisión preventiva para los cabecillas principales, que fue lo que el Ministerio Público solicitó en contra de cinco de los imputados, porque la mayoría y todos los demás, ya admitieron los hechos”.
Además de Jáquez, en la audiencia de este martes el órgano persecutor también estuvo representado por la directora de Persecución del Ministerio Público, procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, y el procurador fiscal Andrés Mena.
Con la Operación Gavilán, el Ministerio Público también investiga a por lo menos siete fiscales contra los que procederá a solicitar ante las jurisdicciones correspondientes la designación de un juez especial, en cumplimiento del procedimiento particular establecido en el marco jurídico para la persecución penal contra servidores del sistema de justicia.
Asimismo, puso en marcha el debido proceso disciplinario a cargo de la Inspectoría General del Ministerio Público.
El pasado 1 de agosto el Ministerio Público puso en marcha la Operación Gavilán contra una red de fiscales, empleados administrativos y policías que se dedicó durante años a eliminar antecedentes penales a cambio de sobornos.
Durante los allanamientos se ocuparon evidencias de los delitos imputados, como dispositivos electrónicos, prueba de transferencias bancarias, armas de fuego, vehículos, dinero en efectivo, cédulas y copias de cédulas.
En la operación participó un equipo de fiscales en conjunto con unidades especiales de la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), quienes realizaron allanamientos en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Independencia y San Pedro de Macorís contra los integrantes de la red.
En el borrado de antecedentes penales, ejecutado por esta red criminal, han sido beneficiados sicarios, narcotraficantes, violadores sexuales, imputados de violencia de género y por adulteración de alcohol, así como por secuestro, llegando esta estructura al extremo de que personas recluidas cumpliendo condena de hasta de 30 años figuren sin antecedentes penales en los registros oficiales.