El progresivo aumento en la detención y repatriación de haitianos irregulares en el país, como resultado de la entrada en vigencia del nuevo protocolo migratorio en los hospitales, anunciado por el presidente Luis Abinader, continúa generando reacciones de organizaciones y activistas que consideran la medida como inhumana.
Tal es el caso de la Coalición de ONGs por la Infancia, que lamentó la implementación de procedimientos de deportación dentro de espacios hospitalarios, al considerar que genera tensiones incompatibles con el derecho a la salud, el principio de no discriminación y el interés superior del niño y la niña.
Además, aseguró que la práctica vulnera de manera directa lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por República Dominicana el 11 de junio de 1991, así como otros tratados internacionales que garantizan los derechos de las mujeres y niñas, incluidas las personas en situación de movilidad.
La agrupación entiende que el Gobierno está tiempo de revertir la decisión, por la que se han incrementado la repatriación de mujeres haitianas en situación de parto, incluyendo a adolescentes.
Cambios en la política
La coalición por la infancia instó a las autoridades a mantener los espacios hospitalarios como entornos seguros y humanitarios, donde la atención a la salud esté guiada por el principio de primacía de la vida, la dignidad humana y el acceso universal sin discriminación.
En ese orden, explicó que la implementación de procedimientos migratorios dentro de centros de salud puede generar tensiones que afectan tanto la confianza de las comunidades como el ejercicio pleno del derecho a la salud, especialmente en situaciones de alta vulnerabilidad como el embarazo y el parto.
«Es fundamental garantizar que la atención médica, particularmente en contextos materno-infantiles, esté libre de interferencias que puedan disuadir o limitar el acceso oportuno y adecuado a los servicios, en línea con los compromisos asumidos por el Estado dominicano en materia de derechos humanos y salud», agregó.
La ONG indica que las condiciones estructurales agravan la vulnerabilidad de las mujeres embarazadas y sus hijos, sobre todo cuando se implementan prácticas discriminatorias que restringen el acceso a servicios básicos como la salud.
Según el Estudio Fragilidad, Resiliencia, Desarrollo e Inversión (Fredi) (Tomos I, II, III y IV), que sostiene que un 43 % de los hogares con niños y niñas en comunidades fronterizas presenta al menos una privación severa en salud, educación o vivienda, y más del 60 % de la niñez vive en situación de pobreza multidimensional.
La investigación también señala que las niñas y adolescentes migrantes o descendientes de migrantes enfrentan riesgos particulares de discriminación institucional, embarazo adolescente no acompañado y falta de documentación, lo que limita su acceso a servicios esenciales como educación y salud, vulnerando múltiples derechos simultáneamente.
Precisó que todo niño y niña tiene derecho a nacer en un entorno seguro y libre de coerción, donde el nacimiento sea una experiencia positiva que favorezca el vínculo temprano con su madre y una acogida digna al mundo.
Ante la implementación de la nueva orden contra los inmigrantes, la ONG propone al Gobierno avanzar hacia medidas concretas que promuevan un abordaje integral, humanitario y con enfoque de derechos.
Dentro de esas acciones, insta a que se realice una revisión y adecuación del protocolo migratorio en contextos de atención médica, con especial énfasis en la protección de mujeres embarazadas, recién nacidos y personas en situación de vulnerabilidad.
Asimismo, plantea el diseño de un protocolo interinstitucional que articule los sectores de salud, migración, protección y sociedad civil, garantizando el respeto al principio de primacía de la vida, la no discriminación y el interés superior del niño y la niña.
También considera como esencial, la capacitación del personal de salud en atención humanitaria, derechos humanos y protección infantil, a fin de fortalecer su rol como garantes de derechos en entornos sensibles.
De igual manera, sostuvo que se deben crear mecanismos de coordinación y derivación segura, que garanticen que las políticas migratorias no interfieran con el acceso oportuno, digno y seguro a los servicios de salud materno-infantil.
Finalmente, propuso el establecimiento de canales de monitoreo y evaluación que permitan prevenir vulneraciones de derechos y actuar con celeridad ante situaciones que comprometan la dignidad y el bienestar de mujeres y niños y niñas en espacios hospitalarios.