El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), destacó este lunes la decisión del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que condenó a ocho de diez imputados por corrupción administrativa en la Operación 13, aunque adelantó que el Ministerio Público apelará parcialmente la sentencia.
“El propio tribunal reconoció que se presentaron pruebas, pero, asume, que esas pruebas son insuficientes, dejando de lado, por ejemplo, que en el caso de Dicent, incluso, despidió a una persona que trabajaba en la Lotería, que los demás participantes habían puesto como condición para involucrarse en la realización de este fraude”, indicó.
Las juezas Claribel Nivar, Yissell Soto y Katherine Rubio, condenaron a William Lisandro Rosario a siete años de prisión, y a Eladio Batista a seis años, ambos deberán cumplirla en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, de San Cristóbal.
“Es evidente que las pruebas presentadas por el Ministerio Público son y han sido suficientes para condenar a los diez acusados; por lo que hemos visto en el día de hoy, podemos adelantar que el Ministerio Público apelará parcialmente esta decisión con relación a las dos personas que han sido descargadas, por supuesta insuficiencia de pruebas, lo cual es una muestra de lo que hemos dicho en otras ocasiones, que en República Dominicana en materia de corrupción hay que sobreprobar”, subrayó.
Al responder preguntas de la prensa que lo abordó a la salida del tribunal, Camacho expresó que aquí la cuestión no es como esto deja ver al Ministerio Público, aquí la cuestión es preguntarse si era posible la realización de este fraude, sin la participación de Dicent, lo que el tribunal no explica.
“La respuesta de nosotros es no, no era posible a nuestro juicio la realización de un fraude en la Lotería Nacional de esta naturaleza sin la participación de Dicent, por lo que con relación a su descargo, estaremos apelando a partir de cuándo nos sea notificada la sentencia íntegra”, precisó.
A Valentina Rosario, Jonathan Brea, Carlos Beriguete y Felipe Santiago Toribio, quienes admitieron los hechos, el Tribunal los condenó a cinco años de reclusión cada uno, tres en los CCR Najayo Mujeres y Najayo Hombres y dos suspendidos.
Miguel Mejía y Rafael Mesa fueron sentenciados a cinco años en la modalidad de pena suspendida.
Mientras que fueron absueltos y se dispuso el cese de la medida de coerción respecto al exadministrador de la Lotería Nacional, Luis Maisichel Dicent, y Edison Peralta, luego de que el tribunal acogiera de manera parcial la solicitud del Ministerio Público.
Dentro de las reglas que deberán cumplir durante el cumplimiento de la pena suspendida, se encuentran: residir en el domicilio acordado con el tribunal y en caso de cambiar el mismo debe de notificarlo, abstenerse de ingerir en exceso bebidas alcohólicas, abstenerse de viajar al extranjero sin previa autorización judicial, aprender una profesión o un oficio que le permita vivir dignamente en la sociedad en coordinación con el juez de Ejecución de la Pena, además de que deberán realizar trabajos comunitarios.
La sentencia advierte que en caso de incumplir las reglas deberán cumplir en prisión la totalidad de la pena.