El Ministerio de Hacienda suscribió un contrato de apoyo presupuestario con la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA), en reconocimiento al cumplimiento de las medidas implementadas por el Gobierno dominicano para frenar el impacto sanitario, social y económico causado por el COVID-19.
A través de este acuerdo el país recibirá US$200 millones de libre disponibilidad, con la finalidad de cubrir parte de los gastos ya incurridos por el Estado en materia de salud y ejecución de los programas de apoyo social.
El convenio fue rubricado por el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, y el representante residente de la JICA en el país, Kondo Takayuki.
“La firma de este acuerdo es consecuencia de la efectividad y responsabilidad del Gobierno en el desarrollo e implementación del Programa de Fortalecimiento de la Política Pública y la Gestión Fiscal para la Atención a la crisis Sanitaria y Económica causada por el COVID-19”, destacó el titular de Hacienda.
El Gobierno logra el convenio por cumplir las siguientes metas: promover la disponibilidad y ejecución oportuna de los recursos públicos para atender la crisis por coronavirus y robustecer el efecto anticíclico de la política fiscal, a través de la introducción temporal de medidas para proteger el ingreso de los hogares vulnerables y mantener la liquidez de las empresas, detalla una nota de prensa.
Además, el apoyo a la provisión efectiva y continua de bienes y servicios esenciales mediante iniciativas que favorecen la recuperación económica y fiscal en el período pospandemia.
Este financiamiento está contemplado dentro de la partida Apoyo Presupuestario aprobada por el Congreso Nacional como parte del Presupuesto General de la República para el año 2021. Los recursos tienen un período de desembolso de dos años, con un tiempo de gracia y repago de siete y 25 años, respectivamente, con tasa de interés basada en Libor seis meses.
La viceministra de Crédito Público, María José Martínez, destacó la estrecha colaboración de los ministerios de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) y de Salud Pública y Asistencia Social; las direcciones generales de Contrataciones Públicas, de Análisis y Política Fiscal y de Impuestos Internos; además del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales, que permitió cumplir con los objetivos del programa y disponer de los referidos fondos.