Este jueves, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, arrancará un nuevo período de Gobierno, en medio de la agudización de las fricciones diplomáticas con EE.UU. y países aliados a Washington, 13 de ellos reunidos en el Grupo de Lima.
Caracas considera esta nueva escalada internacional como una acción dirigida a “alentar” un “golpe de Estado”, con especial apoyo de los gobiernos de Brasil, Colombia y Guyana, vecinos de Venezuela.
El asedio contra el país suramericano arreció entre diciembre pasado y en lo que va de enero. En ese período, la Cancillería venezolana ha emitido más de 10 comunicados para responder a las “agresiones” del Grupo de Lima, que Caracas señala como un hecho “sin parangón en la historia de la región”.
El acto de juramentación de Maduro, que se efectuará ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), fue expuesto bajo la narrativa de un nuevo día “crucial” del antichavismo, mientras que el Gobierno ha ratificado que el inicio de una nueva “etapa” de la revolución bolivariana no está exenta de desafíos.
¿Por qué la juramentación en el TSJ?
Uno de los argumentos de los detractores de Maduro es que el mandatario debe juramentarse ante el Parlamento, tal como lo estipula el artículo 231 de la Constitución venezolana. De hecho, este es uno de los motivos por lo que algunos gobiernos creen que el acto del este jueves es “írrito”.
Sin embargo, ese mismo apartado de la Carta Magna establece que si por “cualquier motivo sobrevenido” el presidente no puede tomar posesión ante la Asamblea Nacional, lo hará ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Y el hecho “sobrevenido” existe. En 2016, después de que la oposición ganara la mayoría de los curules en el Parlamento, sus diputados se declararon en desacato a las sentencias del Máximo Juzgado del país, que ordenaban la desincorporación de tres legisladores por irregularidades en el comicio.
El Parlamento, en desafío al marco institucional, hizo caso omiso al mandato del TSJ, por lo que el Legislativo fue declarado en desacato y, hasta la fecha, todas las decisiones carecen de validez.
Con el desacato vigente, el presidente Maduro no puede juramentarse en el Parlamento “porque sería una violación de la Constitución, y sería acompañar una inconstitucionalidad en tal hecho”, explicó a medios locales el abogado y corredactor de la actual Constitución Hermann Escarrá.
Después de la juramentación en el TSJ, está previsto que el mandatario venezolano acuda a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), el órgano con facultades plenipotenciarias por encima de todos los poderes públicos, electo por votación popular en el 2017.
Legitimidad
Con divisiones a cuestas y venida a menos en su capacidad de movilización electoral, algunos partidos de oposición decidieron no participar en las presidenciales del pasado 20 de mayo, aunque después cuestionaron los resultados que permitieron la reelección del presidente venezolano.
Desde esa postura, y con el apoyo de EE.UU. y 13 países del Grupo de Lima, el Parlamento tilda de “ilegítimo” al mandatario, un señalamiento que para Escarrá viola la soberanía popular, traducida en la mayoría de los votos que obtuvo Maduro en el comicio.
“La presidencia de Maduro es producto de un acto de votación en donde la mayoría de los votantes lo eligieron, eso no se puede despreciar”, afirmó Escarrá en entrevista al canal VTV.
Un grupo con “título internacional”
En la víspera de la asunción de Maduro, el Grupo de Lima acaparó el protagonismo de la escena internacional al ser presentado como prueba de que la “comunidad internacional” rechaza el nuevo mandato del presidente reelecto.
En detalle, la agrupación está conformada por 14 países, de los cuales 13 (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía) anunciaron que “desconocerán” la investidura del presidente Maduro. México se abstuvo.
Para Escarrá, las declaraciones del Grupo de Lima carecen de efecto jurídico internacional porque, como alianza, no forman parte del sistema multilateral. Por su parte, Bracho indica que esa coalición de países no puede ser considerada como “la comunidad internacional” sino apenas como un grupo “hostil” a Venezuela.
Después de las presidenciales de 2018, Canadá, Australia y EE.UU. manifestaron que tampoco reconocerán la reelección de Maduro. Más recientemente Alemania se sumó a la lista.
Un dato relevante es que de los 194 países en el mundo, las 13 naciones del Grupo de Lima y los Estados que han expresado su rechazo a la juramentación no representan ni el 11% del total del planeta.
Cambio de estrategia en el asedio
Aunque sea reducido el grupo de naciones adversas a la juramentación presidencial, el analista internacional Luis Quintana considera que para este año hay un “cambio de estrategia” desde Washington, basado “aumentar” la cantidad de países que ejercen presión contra Caracas.
Quintana, en entrevista a este medio, explicó que el Grupo de Lima será la “punta de lanza” en la nueva maniobra del plan de asedio internacional contra Venezuela. De hecho, esa alianza ya asomó las próximas acciones que podría implementar, entre las que se encuentran:
Reevaluar el estado de las relaciones diplomáticas.
Evaluar la aprobación de préstamos internacionales a Venezuela.
Suspender la cooperación militar.
Impedir a funcionarios del Gobierno venezolano la entrada a los países del grupo, como en efecto ya lo hizo Perú.
Cómo responderá Venezuela
Frente a la lista de acciones del Grupo de Lima, el presidente Maduro, en un acto público, dijo que los países que no reconozcan la legitimidad de las instituciones venezolanas recibirán “repuestas recíprocas y oportunas”.
Un día antes de su juramentación, el mandatario dio un plazo de 48 horas a los cancilleres de los países del Grupo de Lima para que rectifiquen en su “política intervencionista” en Venezuela. El canciller Jorge Arreaza entregó notas de protestas a los países en cuestión.
En tanto, algunos cancilleres de la agrupación solicitaron a la Organización de Estados Americanos (OEA) realizar una sesión extraordinaria, con un solo tema en agenda: Venezuela. La cita está pautada para la misma hora y el mismo día del acto de la toma posesión de Maduro.
Ensayo parlamentario repetido
No es la primera vez que el Legislativo intenta tomar medidas contra la legitimidad de Maduro. Durante los tres años de desacato del Parlamento, han impulsado iniciativas legislativas para desalojar del poder al presidente Maduro por vías inconstitucionales. Una tras una, cumplen un mismo patrón: por un mes tienen notoriedad mediática y luego se diluyen por la carencia de “resultados prácticos”.
Las fórmulas fallidas implementadas por la oposición en el Parlamento para tratar de salir de Maduro, por fuera del marco legal, han sido las siguientes:
Solicitud de la renuncia del presidente en el 2016, durante la gestión del diputado Henry Ramos Allup. Esta iniciativa no prosperó porque el presidente Maduro no dimitió y siguió en funciones constitucionales.
Declaración de “abandono del cargo” en el 2017, bajo la presidente legislativa del diputado Julio Borges. Ese estatus jamás pudo probarse porque Maduro nunca dejó de ejercer sus funciones.
Antejuicio de mérito en el 2018 anunciado por el diputado Omar Barboza. La propuesta fracasó porque solo la Fiscalía tiene facultad legal para activar ese procedimiento.
Designación, al margen legal, de un “TSJ en el exterior”, que a su vez designó “presidente encargado”: al político Antonio Ledezma, prófugo de la justicia venezolana. Esta decisión quedó sin efecto porque los magistrados de esa instancia usurpan la investidura del Máximo Tribunal.
Ahora, con la presidencia en manos del Parlamento del diputado Juan Guaidó, de Voluntad Popular (el partido de Leopoldo López), la oposición no ha definido qué camino tomará para hacerle frente a Maduro.
Escarrá, por su parte, lamenta que la oposición parlamentaria levante “falsas expectativas” y no logre “encaminarse en el marco de la Constitución y los principios básicos legales”.
El viceministro de Comunicación Internacional de la cancillería venezolana, William Castillo, dijo que el antichavismo parlamentario quedó atrapado en la “exigencia maximalista de un golpe para el que no hay condiciones”.
Sin embargo, una carta arriesgada ha sido puesta sobre la mesa: dependiendo de las próximas acciones del Parlamento sobre la juramentación presidencial, la plenipotenciaria Asamblea Constituyente evaluará la posibilidad de adelantar para este mismo año las elecciones legislativas, que en principio están pautadas para 2020. La coyuntura está en ciernes.