El juez de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso este lunes medidas de coerción contra los diez imputados en el denominado caso Pandora, una red acusada de sustraer más de 900,000 municiones de los depósitos de la Policía Nacional para venderlas de contrabando, algunas de las cuales llegaron a Haití.
Medidas de coerción dictadas
Tras escuchar los argumentos del Ministerio Público y las defensas, el juez dictó prisión preventiva para siete de los acusados, mientras que los demás deberán cumplir medidas alternativas. Estas son las disposiciones:
1. Prisión preventiva en la Cárcel de Operaciones Especiales para:
– Coronel Narciso Antonio Féliz Romero: Encargado de la custodia de armas y municiones.
– Juan Miguel Pérez Soler: Subintendente de la Policía Nacional.
– Capitán Nelson Valdez: Responsable del depósito de armas, municiones y pertrechos.
– Segundo teniente Marino Antonio Rodríguez Toribio: Armero de la Dirección Regional Cibao Central.
– Cabo Juan Luis Díaz Medina.
– Raso Rubiel Martínez.
– Raso Moreibin Medina Pérez.
2. Garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica:
– Capitán Víctor Manuel Santos: Auditor, deberá pagar una garantía económica de RD$3 millones.
– Sargento mayor Miguel Ángel Gómez Espaillat: Obligado a pagar una garantía de RD$2 millones.
3. Arresto domiciliario:
– Miguelina Bello Segura, única civil imputada.
Acusaciones del Ministerio Público
El caso Pandora implica una compleja red de corrupción y tráfico ilícito de municiones, con participación de altos mandos y agentes de rango medio y bajo de la Policía Nacional. Según las investigaciones, los involucrados habrían sustraído las municiones aprovechándose de sus posiciones de confianza dentro de los depósitos y las áreas de custodia.
El Ministerio Público indicó que las municiones fueron desviadas hacia el mercado negro, afectando la seguridad pública y agravando la crisis en Haití, país donde se presume llegaron parte de los pertrechos. Las autoridades han calificado este caso como un ejemplo de cómo redes internas pueden comprometer la institucionalidad de cuerpos de seguridad nacionales.
Antecedentes del caso
La Operación Pandora inició tras una denuncia interna en la Policía Nacional por irregularidades en el inventario de municiones. Las investigaciones, coordinadas entre el Ministerio Público y la Dirección de Investigaciones Criminales, revelaron un esquema sistemático de desvío de municiones, en el que estaban involucrados tanto oficiales de alto rango como personal subalterno.
El nombre del caso, Pandora, hace referencia a la apertura de una «caja de sorpresas«, aludiendo al impacto y alcance del descubrimiento en los círculos policiales y delictivos.