Fue una juez de la provincia Santo Domingo que autorizó el allanamiento que recientemente fue practicado al Ayuntamiento de Boca Chica, mientras que la vicealcaldesa se entrevistó hoy con la fiscal Olga Diná Llavería.
Se trata de la magistrada Juliana Moreta Ramírez, la magistrada que ordenó al fiscal Melbin Romero Suazo, ejecutar las órdenes de día y en horas de la noche, para recolección de pruebas a la conversación grabada al entonces presidente de la Sala Capitular Frank Ozuna, por el comerciante Bolívar Taveras.
La jueza dispuso que el fiscal Romero Suazo, incaute los contratos, proyectos, aprobados y solicitados y cualquier objeto de documentos de la Sala Capitular de ese ayuntamiento.
El Informadorrd.com posee copia de la autorización de la jueza donde estableció que el fiscal tenía 15 días, para ejecutarla. Fue emitida el 20 de septiembre pasado.
“autorizar al licenciado Melbin Romero Suazo, procurador fiscal de la provincia Santo Domingo; donde consta lo siguiente: “solicitamos la autorización para realizar el allanamiento en la siguiente dirección Ayuntamiento de Boca Chica, que se encuentra ubicado en la avenida San Rafael, municipio de Boca Chica, provinica Santo Domingo, a los fines de secuestrar contratos, proyectos, aprobados y solicitados y cualquier objeto y documentos de la Sala Capitular de dicho ayuntamiento , relacionados con los hechos investigados , por presuntamente haber violado los artículos 1,2,3 y 4 de la Ley 448-06, sobre soborno en el comercio y la inversión por un funcionario público” .
Según la Ley 448-06 se considerará reo de soborno, y como tal será castigado con la pena de tres (3) a diez (10) años de reclusión y condenado a una multa del duplo de las recompensas recibidas, solicitadas o prometidas, sin que, en ningún caso, pueda esa multa ser inferior a cincuenta salarios mínimos.
La investigación también arrastra al comerciante Bolívar Taveras que de acuerdo a lo que establece la ley, toda persona, ya sea física o jurídica, que ofrezca, prometa u otorgue intencionalmente, directa o indirectamente, a un funcionario público o a una persona que desempeñe funciones públicas en la República Dominicana, cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio, como favor, promesa o ventaja, para sí mismo u otra persona, a cambio de que dicho funcionario realice u omita cualquier acto pertinente al ejercicio de sus funciones públicas, en asuntos que afecten el comercio o la inversión nacional o internacional, se considerará reo de soborno nacional., articulo (3).
Fiscales de la provincia Santo Domingo, allanaron la tarde del pasado viernes las oficinas de la presidenta de la Sala Capitular del Ayuntamiento de Boca Chica, Eliza Amada Pérez Frías.
El procurador general de la República, Jean Rodríguez, hace varios meses dispuso abrir una investigación en torno a la versión que se recoge en un audio difundido a través de las redes sociales, donde el presidente de la Sala Capitular de la Alcaldía de Boca Chica, Frank Ozuna, habría exigido a un empresario el pago de un soborno por RD$360 mil para la autorización de un permiso de construcción.
El procurador general dijo que no obstante el empresario no haber entregado el soborno y no haber presentado una denuncia ni una querella formal ante el Ministerio Público, procedió a disponer de oficio la investigación de cara a confirmar o descartar ese y otros posibles delitos conexos.
Los fiscales también se trasladaron la vivienda de la secretaria en busca de documentos vinculados a la grabación de la conversación entre el comerciante Taveras y el regidor entonces presidente de la Sala Capitula Frank Ozuna, su mandato en la presidencia concluyó el pasado 16 de agosto.
El caso está siendo investigado por la Fiscalía de la provincia por disposición del procurador general de la República y podrían ampliar las investigaciones hasta el alcalde Radhames Castro y al propio comerciante.
En el audio, que fue grabado en la oficina del empresario ferretero Bolívar Taveras, se escucha una acalorada discusión entre el comerciante y el presidente de la Sala Capitular, regidor Frank Ozuna, quien supuestamente le exige el dinero como pago para poder aprobar la construcción de un centro comercial.
Esta conversación grabada se comenta en cada rincón de Boca Chica y su difusión en las redes sociales se ha convertido en el escándalo de corrupción más sonado en los últimos tiempos en el ayuntamiento local.