El presidente Luis Abinader dispuso una serie de medidas para prevenir y perseguir las invasiones y ocupaciones irregulares de las propiedades privadas y del Estado, mediante el decreto 668-22.
La normativa dispone de manera particular que los extranjeros que sean debidamente procesados serán expulsados conforme a las atribuciones constitucionales del jefe de Estado para ello.
Igualmente, no podrán regresar al país, para lo cual se dieron instrucciones a una serie de órganos como el Ministerio de Interior y Policía, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Dirección General de Migración y la Policía Nacional.
Algunas de las medidas adoptadas consisten en la creación de una unidad especializada en la Policía Nacional para la prevención y persecución de las invasiones, así como ocupaciones irregulares de la propiedad privada y del Estado.
En el mismo tenor, se instruyó al ministro de Interior y Policía y al director general de la institución del orden, Jesús Vásquez Martínez y Eduardo Alberto Then, respectivamente, para procedan con la persecución y sometimiento a la justicia de aquellos extranjeros que participen de este tipo de acto.
En relación a los inmigrantes, para los que se compruebe la comisión de las violaciones de propiedad privada, también pidió al director general de Migración, Venancio Alcántara, ejecutar su expulsión del país.
Respecto a esta última medida, se dispuso por igual que el Ministerio de Relaciones Exteriores ordene a los consulados de la República Dominicana establecidos en los países de origen de los ciudadanos extranjeros que incurran en la violación de la ley que señala el presente decreto, a establecer un registro particular.
Esto con el propósito de que estos ciudadanos no puedan optar jamás por ningún tipo de visado o permiso de entrada al territorio de la República Dominicana, así sea en calidad de turista o de residente.