SANTO DOMINGO. Luego de varias reuniones y sesiones de trabajo, comunitarios de Cotuí y Barrick Pueblo Viejo firmaron un acuerdo amigable, satisfactorio y definitivo para resolver los temas pendientes relacionados con el reasentamiento vinculado a la expansión de la mina Pueblo Viejo, ubicada en la provincia Sánchez Ramírez.
El consenso se logró con la intermediación del Gobierno dominicano, representado por el ministro de Energía y Minas, Joel Santos; la Iglesia Católica, a través del obispo de La Vega, monseñor Tomás Morel Diplán, en representación de las comunidades, así como el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa.
La inversión estimada en el proyecto de reasentamiento superará los RD$20 mil millones, contemplando desde el inicio la provisión de viviendas dignas y adecuadas a cada familia residente conforme al censo realizado, el acceso adecuado a servicios básicos esenciales (agua potable, saneamiento, electricidad, salud, educación -primaria y secundaria-, instalaciones deportivas -cancha mixta y campo de béisbol- y vías de acceso), los planes de restauración de medios de vida y actividades productivas de las familias residentes afectadas.
El acuerdo contempla nuevos valores de reposición para seis cultivos establecidos en una matriz de precios, así como el valor de la compensación que será pagado por tarea de tierra.
Desde sus inicios, el proyecto de reasentamiento contempló un programa de soporte psicosocial que consiste en acompañamiento personalizado a los hogares afectados, con profesionales en el área de psicología, para prevenir y/o gestionar las dificultades que se presenten en los hogares, y para hacer un seguimiento al diseño e implementación de los planes de vida familiares.
De igual forma, se consideró un programa de generación de ingresos y educación financiera con acompañamiento técnico en el diseño e implementación de actividades económicas, un programa de fortalecimiento educativo cuya meta es contribuir a reducir los niveles de rezago de los estudiantes de las comunidades reasentadas en su proceso educativo y desarrollar un programa de reducción del analfabetismo en las comunidades y un programa de convivencia con acciones orientadas a fomentar la integración y la buena relación entre hogares reasentados y comunidades receptoras.
Plan de viviendas
Con relación al plan de vivienda, el Estado y Barrick Pueblo Viejo garantizan la provisión de soluciones habitacionales dignas y adecuadas a cada familia, según el censo realizado.
El Estado acordó la construcción de una Unidad de Atención Primaria, politécnico, destacamento policial, mercado y cementerio municipal en el lugar de destino, así como la puesta en funcionamiento de una estancia infantil y el mejoramiento del tramo carretero Cotuí-Nuevos Horizontes.
El ministro de Energía y Minas, Joel Santos expresó: “La firma de este acuerdo entre las comunidades mineras de Cotuí y Barrick Pueblo Viejo representa un paso trascendental hacia una minería inclusiva y respetuosa de los derechos comunitarios. Esta etapa marca el inicio de un nuevo capítulo en la relación entre el desarrollo minero y el bienestar de las personas que habitan estos territorios, reafirmando que sí es posible avanzar con responsabilidad social, diálogo y respeto mutuo.”
“Desde el Ministerio de Energía y Minas saludamos y valoramos profundamente la labor de mediación realizada por la Iglesia Católica y el Defensor del Pueblo, actores claves que han acompañado este proceso con imparcialidad, sensibilidad y compromiso con la justicia. Este acuerdo es también el resultado de un llamado al diálogo que hicimos con la firme convicción de que los conflictos pueden transformarse en oportunidades cuando se prioriza la escucha activa y la búsqueda de consensos.”
“Estamos convencidos de que el reasentamiento consensuado y la futura construcción de la presa de colas deben convertirse en un modelo de gestión participativa y transparencia. Seguiremos trabajando para garantizar que los compromisos asumidos se cumplan con rigurosidad y que este proyecto sea un ejemplo de cómo el desarrollo minero puede y debe generar bienestar, oportunidades y respeto por la dignidad de las comunidades.”
De su lado, Pablo Ulloa, Defensor del Pueblo, expresó que el acuerdo entre las partes forma parte de un proceso que será evolutivo y de aprendizaje.
“Este momento inicia una transición que continuará, independientemente de que en el contrato hay plazos, y nos hemos comprometido, tanto la Iglesia Católica como el defensor, a dar un acompañamiento para que sea un proceso continuo en otras dimensiones. Agradezco, sobre todo, a cada uno de los representantes de las comunidades, al Estado, al Senado de la República, y reiteramos el compromiso que tenemos con la garantía de los derechos de todos y todas”, indicó Ulloa.
En tanto que, Juana Barceló, presidenta de Barrick Pueblo Viejo expresó que el programa de reasentamiento ha sido desde el inicio construido sobre la base de la participación continua de las partes interesadas, acordando aspectos clave como una matriz de compensación alineada a la legislación dominicana y a los objetivos establecidos por la norma de Reasentamiento Involuntario de la Corporación Financiera Internacional (IFC).
Mientras, Martín Guzmán, representante de los comunitarios, valoró el acuerdo como positivo. “Estamos en el punto final de una negociación y hemos sacado lo mejor que se ha podido”, dijo.
Todas las partes han actuado en estrecha colaboración para asegurar la implementación oportuna del proceso de reasentamiento, reflejando un resultado equilibrado y constructivo para todos los involucrados, acuerdo que ha sido posible gracias al liderazgo del Ministerio de Energía y Minas como facilitador y al compromiso del Defensor del Pueblo y de la Iglesia Católica.
Las partes saludaron también la apertura y transparencia de Pueblo Viejo de participar de buena fe con los representantes de las comunidades de acogida. Con la llegada de este acuerdo, se libera todo el potencial del proyecto de expansión de la vida de la mina, en beneficio de la República Dominicana.
En la firma del acuerdo participaron, además, el presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos, Eberto Antonio Núñez, alcalde del municipio de Bonao, y por el MEM, Rolando Muñoz, director general de Minería.