El Ministerio Público imputó a un procurador fiscal por la presunta comisión de concusión, soborno, cohecho y lavado de activos, delitos por los que podría enfrentar una condena de hasta 20 años de prisión, conforme a la legislación dominicana.
El imputado, Aurelio Valdez Alcántara, es acusado de gestionar y recibir pagos indebidos a cambio de favorecer procesos judiciales en fase de investigación, según consta en la solicitud de medida de coerción presentada por el órgano acusador.
De acuerdo con el expediente, el funcionario habría recibido US$10,000 de Roberto Canaán, testigo vinculado al caso del Seguro Nacional de Salud (Senasa), denominado “Cobra”. Por este hecho, el Ministerio Público ha solicitado la imposición de 12 meses de prisión preventiva como medida de coerción.
Las investigaciones señalan que el fiscal presuntamente exigió inicialmente US$200,000 para alterar el curso del proceso, monto que luego habría reducido a US$150,000 tras negociaciones. Además, se le atribuye haber solicitado un reloj de lujo marca Rolex y un vehículo Mercedes-Benz como parte de las exigencias.
El Ministerio Público también sostiene que el imputado ejercía presión constante sobre el testigo mediante llamadas telefónicas, incluso fijando plazos para la entrega del dinero y advirtiendo sobre posibles consecuencias legales en caso de incumplimiento.
El arresto se produjo el pasado 27 de marzo de 2026, durante un allanamiento en su residencia, donde las autoridades ejecutaron una entrega vigilada del dinero presuntamente solicitado como soborno.
El caso será conocido el próximo martes 7 de abril, cuando se le conocerá medida de coerción ante la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, presidida por la jueza Ysis Muñiz. En esta etapa, se determinará si el imputado deberá cumplir prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial en su contra.
De ser enviado a juicio de fondo y hallado culpable, Valdez Alcántara podría enfrentar sanciones que incluyen penas de prisión, multas económicas significativas e inhabilitación para ejercer funciones públicas, dependiendo de los delitos que sean probados en el tribunal.