SANTO DOMINGO.- El Poder Ejecutivo estudia un anteproyecto de ley el cual prohibiría que condenados por corrupción puedan participar en las compras de bienes y contratación de servicios del Estado, hasta haber transcurrido un lapso de tiempo igual al doble de la condena.
De igual manera, no podrían ser proveedores del Estado los parientes de funcionarios de primer y segundo nivel de jerarquía de la institución contratante.
El anteproyecto de ley cuenta con el apoyo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), la cual entiende que el sistema de compras y contrataciones públicas del país amerita una reforma urgente y sustancial.
El vicepresidente ejecutivo de Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, explicó que un eventual anteproyecto legislativo, que reforme la actual norma de compras y contrataciones públicas, democratizaría los procesos en la relación Estado-ciudadanía, logrando un gran avance institucional en materia de calidad administrativa, transparencia, seguridad jurídica y gobernabilidad democrática.