A juicio de los expertos, las féminas en el país caribeño sufren de manera desproporcionada la crisis de violencia que provoca la pérdida de medios de vida, inseguridad alimentaria y desplazamientos generalizados.
Al mismo tiempo, la violencia deriva en el colapso de la educación, la atención sanitaria y de otros servicios esenciales junto a un acceso gravemente limitado a la justicia debido al miedo a represalias y a la falta de oportunidades económicas.
«Las mujeres y niñas desplazadas internamente, que viven en sitios inadecuados y precarios, son particularmente vulnerables a la violencia sexual», alerta además el informe.
En ese contexto, los riesgos y la prevalencia de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y esclavitud sexual crecen sustancialmente.
Los relatores consideraron al Gobierno un cómplice activo de las actividades de las pandillas al mencionar informes sobre la falta de tratamiento contra la corrupción en el sector judicial.
El país debe volver a una gobernanza democrática y constitucional basada en los principios de respeto a los derechos humanos, transparencia y rendición de cuentas, instaron los expertos.
«El gobierno de transición debe realizar esfuerzos de buena fe para ejecutar su mandato y crear condiciones para elecciones libres, justas e inclusivas», pidieron además.
Los relatores independientes llamaron a terminar de inmediato con todas las formas de violencia de género, al tiempo que lamentaron el continuo fracaso de las autoridades a la hora de proteger y cumplir los derechos de las mujeres y las niñas en esta crisis.
“Nadie debería verse obligado a elegir entre su seguridad y su capacidad para mantenerse a sí mismo y a sus familias, asistir a la escuela, acceder a la atención sanitaria y a los servicios básicos, incluida la atención sexual y reproductiva”, añadieron.
Los supervivientes de la violencia, insistieron, siguen sin poder recibir la asistencia y protección que necesitan.