La defensa del exministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, aseguró hoy que “en justicia penal, cuando la prueba contradice la acusación, la acusación se cae”, aseguró la abogada María del Pilar Zuleta.
“La narrativa que el Ministerio Público fabricó y luego transformó en acusación no ha podido sostenerse frente a la verdad ni frente a las pruebas”, expresó la defensa.
Según explicó el equipo legal, varias de sus líneas centrales ni siquiera fueron contestadas, entre ellas la inexistencia de un supuesto entramado vinculado a casinos y juegos de azar, así como la trazabilidad y legalidad del patrimonio del imputado.
“Ese silencio evidencia la solidez de nuestra posición”, indicaron.
En ese contexto, la defensa adelantó que concentrará su respuesta en los puntos que el Ministerio Público intentó abordar, los cuales —afirman— quedaron en un intento fallido, expuestos de forma superficial y sin sustento probatorio suficiente. Entre ellos destacan:
· La invalidez de los informes de la denominada Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República
· La extinción de la acción penal, tras más de cinco años y cinco meses de proceso sin decisión definitiva
· La prescripción de varios tipos penales
· La inadmisibilidad de cientos de medios probatorios
Asimismo, reiteraron que dichos informes fueron elaborados al margen de la ley y sin permitir el ejercicio del derecho de defensa, siendo utilizados como pieza central para sustentar la acusación.
“La narrativa no resiste la prueba”
El equipo legal sostuvo que el proceso ha evidenciado una debilidad estructural en la acusación, al señalar que el relato presentado por el Ministerio Público no ha podido sostenerse frente a la evidencia documental incorporada al caso.
En ese sentido, recordaron que los hechos imputados corresponden a obligaciones legales del Estado, incluyendo pagos por expropiaciones respaldadas por sentencias judiciales y operaciones interinstitucionales registradas como reducción de deuda pública.
También subrayaron que los propios documentos del proceso demuestran que no hubo pérdida de fondos, ni beneficio personal, ni perjuicio económico para el Estado, y que el patrimonio del imputado es lícito y verificable.
