SANTO DOMINGO.- En cumplimiento al artículo 14 de la Ley 340-06, que prohibe a los funcionarios públicos ofertar o contratar con el Estado dominicano, la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP) suspendió de oficio el Registro de Proveedor del Estado (RPE) de 113 alcaldes y regidores y de dos jueces.
Según una nota de prensa, también fueron suspendidos otros cuatro registros, a solicitud de igual número de funcionarios, tal y como requirió el órgano rector el pasado 1 de septiembre que, a través de un comunicado público, advirtió a los funcionarios de primer y segundo nivel de jerarquía de las instituciones sujetas al ámbito de aplicación de la Ley de Compras y Contrataciones Públicas y sus modificaciones, entre los que figuran ministros, viceministros, directores y subdirectores, alcaldes y regidores, que no pueden ser oferentes ni contratar con el Estado para suplir bienes, obras y servicios a las instituciones gubernamentales.
El director general de la DGCP, Carlos Pimentel, explicó que la institución continúa trabajando para identificar a todos los funcionarios que entran al régimen de prohibiciones para la contratación en la Administración Pública, bajo el amparo de la Ley 340-06 para proceder a suspender sus registros de proveedores.
“Como órgano rector y en aras de contribuir a la transparencia e igualdad de oportunidades y evitar conflictos de interés, continuaremos identificando a todos los funcionarios que entran en el régimen de incompatibilidades para proceder a suspender sus registros”, destacó Pimentel.
En correspondencia con este mandato de la Ley, tanto Pimentel como las subdirectoras Crystal Fiallo y Ruth Henríquez, solicitaron la inhabilitación de su RPE, acción que ya fue ejecutada por la institución.
“Seguiremos activos, seguiremos vigilantes, para garantizar transparencia, control y lograr que las contrataciones públicas se conviertan en un medio para el desarrollo en la República Dominicana”, subrayó Pimentel.