Santo Domingo.- El gobernador del Banco Central de la República Dominicana, Héctor Valdez Albizu, manifestó ayer que la participación en la cartera de préstamos del sector construcción, tanto como actividad productiva como a través de la adquisición de viviendas, representó alrededor del 25% del total de créditos otorgados al sector privado a septiembre de 2017.
Al participar como orador invitado en la sexta Mesa Nacional de la Vivienda, organizada por la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Vivienda (ACOPROVI), el funcionario dijo que en términos corrientes de valor agregado, el sector de la construcción tiene una participación de 9.0% en el total del Producto Interno Bruto y se proyecta que éste generaría unos RD$320,000 millones al cierre de 2017.
Por otro lado, Valdez Albizu dijo que desde la óptica de la creación y generación de empleos, la construcción contribuye con el 7.5% del total del empleos de la economía dominicana, para un total de empleos directos de unas 330,000 personas aproximadamente en toda la geografía nacional.
“Ciertamente mis queridos amigos, conscientes de este papel medular que juega el sector de la construcción en la actividad económica, la Administración Monetaria y Financiera han adoptado una serie de iniciativas encaminadas a potencializar los efectos de este dinámico e importante sector para la economía nacional. En esa tesitura, junto con distintos representantes de la vida nacional, incluyendo miembros de ACOPROVI, se elaboró y promulgó la Ley 189-11, para el desarrollo del Mercado Hipotecario y Fideicomiso y sus normas complementarias”, resaltó el gobernador del Banco Central.
En ese sentido, indicó que de esta manera, se creó la infraestructura legal necesaria para desarrollar herramientas novedosas que permitan en adición a las fuentes tradicionales vía la banca y las asociaciones de ahorros y préstamos, incorporar alternativas complementarias del financiamiento del mercado hipotecario a través del mercado de capitales, el cual incluye figuras como los fideicomisos de oferta pública y la titularización de carteras hipotecarias, de manera que se puedan canalizar los recursos de ahorro de largo plazo de inversionistas institucionales, como los fondos de pensiones, hacia el financiamiento de viviendas.