“Yo no he dilatado absolutamente nada. No voy a responder insultos con más insultos”, afirmó este miércoles el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez Sánchez, al rechazar las declaraciones del procurador adjunto Wilson Camacho, quien lo acusó de intentar retardar el proceso judicial en su contra. Rodríguez sostuvo que ha comparecido a todas las audiencias y que, tras pasar cuatro años en prisión preventiva, no existe fundamento para alegar que evade enfrentar las pruebas.
El exfuncionario calificó como “epítetos” las expresiones de Camacho, quien dijo esperar que Rodríguez “encuentre el valor para enfrentar las pruebas, a las que le está huyendo como el diablo a la cruz”. En respuesta, el imputado aseguró que su defensa ha actuado dentro del marco legal y denunció supuestas irregularidades, incluyendo ocultamiento de pruebas y la participación de fiscales que —según alegó— estarían inhabilitados por existir una “enemistad capital” derivada de relaciones laborales previas.
Rodríguez recordó que la investigación en su contra inició hace cinco años y siete meses, y cuestionó la necesidad de la prisión preventiva que cumplió durante cuatro años por presunto peligro de fuga. “Tengo ocho meses en libertad limitada y he asistido a todas mis audiencias. Eso demuestra que era innecesario mantenerme privado de libertad”, expresó. También criticó el uso del nombre “Medusa” para identificar el caso, señalando que el Tribunal Constitucional habría ordenado cesar esa denominación en documentos oficiales.
El intercambio público entre acusación y defensa se produce en medio del avance del juicio que se sigue contra el exprocurador y varios exfuncionarios, en uno de los procesos por presunta corrupción administrativa más trascendentales de los últimos años.
Según el expediente acusatorio, el Ministerio Público sostiene que Rodríguez Sánchez encabezó una estructura que habría malversado más de RD$6,000 millones entre 2016 y 2020, periodo en el que se desempeñó como procurador general de la República. Los cargos incluyen soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos.
La acusación establece que los fondos públicos fueron desviados mediante procesos fraudulentos vinculados principalmente a contrataciones, construcción y remodelación de centros penitenciarios, así como otras operaciones administrativas ejecutadas durante su gestión. El órgano persecutor asegura contar con pruebas documentales, periciales y testimoniales para sustentar la imputación.
Rodríguez, por su parte, rechaza haber sustraído recursos públicos y sostiene que los montos señalados corresponden a obras efectivamente ejecutadas. “Dicen que es un desfalco de seis mil millones de pesos, pero seis mil millones costaron las obras. Entonces, ¿las obras no se hicieron?”, cuestionó, defendiendo además los logros institucionales que atribuye a su gestión.
El proceso se conoce ante el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, integrado por las juezas Claribel Nivar, Yissell Soto y Clara Castillo, que aplazaron la audiencia para el 16 de febrero de 2026 a las 9:00 de la mañana. Junto a Rodríguez Sánchez figuran como imputados varios exfuncionarios y colaboradores, todos acusados de integrar la supuesta red de corrupción. Mientras el Ministerio Público insiste en que el expediente es sólido, la defensa asegura que presentará más de mil pruebas para demostrar la licitud del patrimonio del exprocurador y la inconsistencia de la acusación.