Asimismo, la fiscal titular Rosalba Ramos solicitó a la Cámara de Cuentas la realización de una auditoría a la gestión de Franco, quien renunció de la institución tan pronto estalló el escándalo de corrupción, que provocó también la destitución de los miembros del Comité de Compras del Inaipi. Con Franco, serían 15 el total de personas que han sido interrogadas por el Ministerio Público en torno a la denuncia presentada por el empresario Pablo Cabrera, presidente de la empresa La Z, distribuidora de alimentos y proveedora del Estado, en el sentido de que Inaipi favoreció a una empresa, hasta el momento desconocida, con una licitación valorada en 100 millones de pesos para la entrega de 40,000 kits de alimentos, cada uno valorado en 2,500 pesos.
“Solo falta la señora Berlinesa Franco para ser interrogada en torno al caso, ya las demás han sido entrevistadas y solicitamos a la Cámara de Cuentas la realización de una auditoría a su gestión”, enfatizó la fiscal Ramos.