Los abogados del mayor general Adán Cáceres solicitaron este lunes a la Procuraduría General de la República (PGR) imponer sanciones disciplinarias a la coordinadora del Nuevo Modelo Penitenciario, Patricia Lagombra, por presuntas violaciones para impedir el ejercicio de la legítima defensa de su representado.
En una rueda de prensa, expresaron que se les ha hecho “casi imposible” reunirse con su defendido, debido a las trabas que les están poniendo en la prisión, lo que califican como una violación al debido proceso.
Consideran que es insólito que el 19 de julio cuando tenían una cita a las 3.00 de la tarde, firmada y autorizada por la coordinadora del Nuevo Modelo Penitenciario, para ver a su defendido, y luego de esperar más de una hora en pleno sol les informaron que no se podía realizar.
Mediante una instancia dirigida a la procuradora Miriam Germán Brito, demandaron “la suspensión inmediata de las prácticas ilegales y las condiciones de indefensión ejecutadas en contra de Adán Cáceres por parte de las autoridades del Centro Correccional y de Rehabilitación Najayo Hombres, y miembros de la Procuraduría General de la República”.
Denunciaron que una persona de apellido Popoter intentó practicar un interrogatorio a su defendido sin la presencia de sus abogados y sin explicar el propósito del mismo, en franca violación del debido proceso de ley y que en otra ocasión unas ocho persona intentaron hacer los mismo.
Expresaron que esa forma de actuar tiene la finalidad de tratar de amedrentar al mayor general Cáceres y obtener del mismo “confesiones”, a través de preguntas capciosas o confusas y prácticas prohibidas de intimidación y violencia psicológica, lo cual viola su derecho constitucional a no autoincriminarse.
Adán Cáceres es el principal imputado en el entramado de corrupción desmantelado mediante la Operación Coral. Una red que, según el Ministerio Público, se benefició de los vínculos con el poder político para sustraer fondos públicos a través de órganos de seguridad estatal.
Junto a Cáceres Silvestre son imputados también Núñez de Aza, la religiosa Rossy Guzmán (la Pastora) y su hijo Tanner Flete Guzmán, así como el teniente coronel Raúl Alejandro Girón y el mayor de la Armada Alejandro José Montero Cruz.