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Tribunal frena suspensión de servicios de clínicas privadas a ARS

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 La suspensión de servicios médicos anunciada por la Asociación Nacional de Clínicas Privadas (Andeclip) quedó detenida este lunes, luego de que el Tribunal Superior Administrativo (TSA) ordenara a ese gremio abstenerse de interrumpir la atención a los afiliados del sistema de seguridad social, siendo esta una decisión que garantiza la cobertura de más de un millón de personas.

La medida, adoptada tras acoger una solicitud de la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA), impide que entre en vigor la paralización prevista para el martes 14 de julio, en medio del conflicto entre clínicas privadas y aseguradoras por la actualización de tarifas.

El fallo fue emitido durante una audiencia virtual celebrada a las 9:00 de la mañana, al amparo del artículo 86 de la Ley 137-11, al considerar que existe un riesgo o amenaza al derecho fundamental a la salud de los afiliados.

El tribunal acogió el argumento central de la DIDA, que sostiene que ningún desacuerdo económico dentro del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) puede traducirse en la interrupción de servicios médicos a los ciudadanos.

Durante la audiencia, el Ministerio Público respaldó la solicitud de la institución.

La decisión judicial se produce en medio de la disputa entre Andeclip y las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), luego de que el gremio de clínicas anunciara la suspensión de consultas, procedimientos electivos y otros servicios a afiliados de ARS Primera y ARS Futuro.

La medida impactaría a más de 1.4 millones de personas, de las cuales 1,121,023 corresponden a Primera ARS y más de 300 mil a ARS Futuro, quienes solo tendrían garantizadas las emergencias y unidades de cuidados intensivos.

Andeclip ha defendido su decisión alegando un desfase en las tarifas, asegurando que las clínicas apenas han recibido entre un 25 % y un 30 % de los ajustes frente a una inflación acumulada superior al 100 %, lo que, según su presidente Rafael Mena, representa una deuda de más de un 80 %.

El director general de la DIDA, Elías Báez, valoró la decisión del tribunal como una garantía para las familias dominicanas y reiteró el llamado a resolver el conflicto mediante los mecanismos institucionales.

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