La crisis entre las clínicas privadas y las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) escaló este jueves al ámbito judicial, luego de que la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) depositara un recurso de amparo colectivo ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) para impedir la suspensión de servicios médicos anunciada por la Asociación Nacional de Clínicas Privadas (Andeclip), que afectaría a más de 1.4 millones de afiliados.
Como parte de la acción judicial, la DIDA solicitó al tribunal imponer una multa de RD$5 millones diarios (astreinte) a las clínicas afiliadas a Andeclip que incumplan una eventual orden de mantener la prestación de los servicios de salud.
Durante el depósito del recurso, la directora de Orientación y Defensoría de la DIDA, Zully Arias, explicó que la iniciativa busca evitar que los afiliados al Seguro Familiar de Salud sean perjudicados por el conflicto entre las clínicas privadas y las aseguradoras.
«Estamos aquí en representación de la DIDA haciendo el depósito del recurso de amparo colectivo en función del anuncio de Andeclip de suspender servicios de salud a afiliados. Nuestra intención es que el diálogo prime y que, bajo ningún concepto, los afiliados tengan que pagar las consecuencias de un conflicto que corresponde a las ARS y a los prestadores de servicios de salud», expresó.
La funcionaria confirmó que la institución también solicitó una sanción económica en caso de desacato a la decisión que emita el tribunal.
«Estamos solicitando astreinte también en caso de que no se corresponda con lo que diga el tribunal. Estamos solicitando cinco millones de pesos diarios», indicó.
Precisó que esos recursos no serían entregados a la DIDA, sino destinados a la Cuenta Cuidado de la Salud de las Personas del Seguro Familiar de Salud, administrada por la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), en beneficio de los afiliados.
Arias sostuvo que el derecho a la salud y a la seguridad social tiene rango constitucional y debe prevalecer sobre cualquier conflicto entre las partes.
«El derecho a la salud se impone. La seguridad social es un derecho fundamental constitucional y los afiliados no son parte de este conflicto. En consecuencia, no pueden ser quienes paguen las consecuencias», afirmó.
Asimismo, señaló que, aunque el derecho a la protesta está garantizado por la Constitución, en este caso existe una relación contractual que debe respetarse.
«Lo que tenemos es un conflicto de intereses, pero hay contratos de gestión que deben ser respetados», manifestó.
El recurso fue presentado luego de que Andeclip anunciara la suspensión, a partir del próximo 14 de julio, de consultas, procedimientos electivos y otros servicios para los afiliados de Primera ARS y ARS Futuro. La medida solo mantendría la cobertura de emergencias y cuidados intensivos.
No obstante, la DIDA advirtió que entre los servicios que dejarían de ofrecerse se encuentran tratamientos oncológicos, sesiones de diálisis y la atención de pacientes con enfermedades crónicas, cuya interrupción podría ocasionar daños irreparables.
Finalmente, Arias expresó su confianza en que el Tribunal Superior Administrativo conozca el caso con celeridad, debido a la naturaleza del recurso de amparo colectivo.
«Este recurso tiene como característica que es rápido y, por la naturaleza del caso, estamos confiados en que tendremos una respuesta favorable, ya sea por el diálogo o por la decisión judicial», concluyó.
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