El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) cuestionó este miércoles el uso recurrente del mecanismo de declaratoria de urgencia para aprobar proyectos de ley en el Congreso Nacional, al considerar que esta práctica debilita el debate legislativo, limita la participación de los sectores involucrados y reduce las posibilidades de construir reformas sostenibles.
Mediante un comunicado, la organización empresarial expresó su preocupación por la intención de modificar nuevamente, a través de un trámite de urgencia, la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, mediante una iniciativa introducida este miércoles en el Congreso.
El gremio recordó que esa normativa ya había sido modificada de manera acelerada en enero de 2025, un proceso que generó cuestionamientos de distintos sectores y que fue calificado por algunos actores como un “golpe de bolsón”.
“La declaratoria de urgencia es una facultad extraordinaria prevista para circunstancias excepcionales. Su uso frecuente termina debilitando el debate legislativo, limitando la participación de los sectores interesados y reduciendo oportunidades para construir reformas duraderas”, manifestó el Conep.
La entidad empresarial sostuvo que, cuando se trata de reformas complejas que requieren ajustes constantes, la solución no debe ser acelerar los procesos de aprobación, sino fortalecer los espacios de diálogo, consulta y análisis técnico.
“Cuando reformas complejas requieren correcciones recurrentes, la respuesta no debería ser acelerar más el proceso, sino entender la necesidad de ampliar el diálogo, la consulta y, sobre todo, la deliberación técnica”, indicó.
El pronunciamiento del principal gremio empresarial del país ocurre mientras el Congreso conoce una nueva propuesta de modificación a la Ley 225-20, una normativa considerada clave para la gestión de residuos sólidos y la sostenibilidad ambiental en República Dominicana.
La posición del Conep se suma a los reclamos de diversos sectores que han solicitado mayor discusión y consenso en torno a reformas legislativas de alto impacto económico y social, especialmente aquellas que inciden en sectores productivos y esquemas de inversión.
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