El Partido de la Liberación Dominicana (Partido de la Liberación Dominicana) denunció este lunes la existencia de una supuesta ofensiva contra la libertad de expresión que, según afirma, estaría siendo impulsada desde el Gobierno a través de diversas iniciativas legislativas.
El partido advirtió que algunas de estas propuestas podrían afectar el ejercicio del periodismo de investigación, las denuncias ciudadanas y la crítica hacia funcionarios públicos.
En un comunicado leído durante su rueda de prensa habitual de los lunes, la organización política sostuvo que existen “marcadas y malsanas intenciones” de restringir la libre difusión del pensamiento, y comparó algunas de las iniciativas con los primeros pasos de regímenes “totalitarios y dictatoriales”.
El PLD identificó tres principales frentes de inquietud:
1. Nuevo Código Penal
El partido señaló que, con su entrada en vigencia prevista para el 3 de agosto, las disposiciones relacionadas con difamación, injuria y el denominado “ultraje a funcionarios” podrían utilizarse para limitar críticas, investigaciones periodísticas o cuestionamientos a servidores públicos.
2. Ley de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI)
También cuestionó la Ley 1-26 que creó la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), al considerar que conceptos como “intereses nacionales” y “objetivos nacionales” son amplios y podrían prestarse a interpretaciones discrecionales que afecten derechos fundamentales, incluida la protección de fuentes periodísticas.
3. Proyecto de Ley de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales
Sobre esta iniciativa, que perimió en el Senado, el PLD planteó que cualquier nueva propuesta sea discutida previamente en el Consejo Económico y Social (CES), con participación de periodistas, académicos, juristas y organizaciones de la sociedad civil.
Referencias jurídicas
Para sustentar sus señalamientos, el partido citó jurisprudencia del Tribunal Constitucional dominicano (Tribunal Constitucional de la República Dominicana), incluyendo la sentencia TC/0075/16, que declaró inconstitucionales disposiciones de la Ley 6132 sobre expresión y difusión del pensamiento, así como la TC/1148/25, que —según el PLD— reafirma criterios contrarios al uso de la prisión como mecanismo para limitar la libertad de expresión.
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