El director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, calificó como “histórica” la sentencia emitida la madrugada de este martes por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que condenó a penas de hasta 20 años de prisión a varios de los principales acusados en el expediente Coral.
El mayor general retirado Adán Cáceres Silvestre, exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep); Juan Carlos Torres Robiou, exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), y Rafael Núñez de Aza fueron sentenciados a 20 años de prisión, además del pago de 400 salarios mínimos y otras sanciones.
De acuerdo con el fallo, Cáceres Silvestre y Torres Robiou fueron hallados culpables de asociación de malhechores, prevaricación, desfalco, estafa contra el Estado, enriquecimiento ilícito, incremento patrimonial y lavado de activos agravado por su condición de funcionarios públicos.
En tanto, Núñez de Aza fue condenado por asociación de malhechores, prevaricación, soborno, desfalco, estafa contra el Estado, enriquecimiento ilícito y lavado de activos agravado.
La lectura de la sentencia inició a las 3:00 de la tarde del lunes y concluyó pasadas las 2:22 de la madrugada de este martes, extendiéndose por casi 12 horas.
Tras conocerse la decisión, Wilson Camacho afirmó que el fallo representa un reconocimiento al trabajo de investigación realizado por el Ministerio Público y a la fortaleza de las pruebas presentadas durante el proceso judicial.
“Esta madrugada el Tribunal Colegiado del Distrito Nacional tomó una decisión histórica que ha condenado entre 10, 15 y 20 años a la plana mayor de esta estructura criminal. Esta sentencia es un reconocimiento al trabajo del Ministerio Público y a la fortaleza de la investigación”, expresó.
Camacho sostuvo que la sentencia envía una señal en la lucha contra la corrupción y la impunidad, al tiempo que reafirma la capacidad de las instituciones para llevar ante la justicia casos complejos.
El procurador adjunto agregó que el proceso incluyó condenas contra 29 personas y consideró el resultado como un precedente importante dentro de las acciones contra estructuras vinculadas al manejo irregular de recursos públicos.
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