Jueces, juezas y servidores judiciales de la República Dominicana realizaron este jueves un paro de labores en distintos tribunales del país, en protesta por las condiciones laborales, salariales e institucionales que, aseguran, afectan el funcionamiento del sistema de justicia.
Durante la jornada, las asociaciones que respaldaron la protesta leyeron un manifiesto en el que denunciaron múltiples carencias dentro del Poder Judicial y advirtieron que la justicia dominicana atraviesa una situación crítica por la falta de recursos humanos y económicos.
El documento fue leído por el juez del Tribunal de la Jurisdicción Ordinaria de Tierra del Distrito Nacional, Vajoan Rodríguez, quien explicó que el paro se desarrolló de manera pacífica debido a la preocupación acumulada por las condiciones en las que desempeñan sus funciones.
Los manifestantes afirmaron que la administración de justicia no puede sostenerse únicamente sobre la vocación y el sacrificio personal de jueces y empleados, sino que requiere condiciones materiales, salariales e institucionales adecuadas para garantizar un servicio eficiente e imparcial.
Entre las principales problemáticas denunciadas señalaron la falta de personal administrativo, el déficit de jueces en los tribunales, bajos salarios, exceso de carga laboral, renuncias masivas de empleados judiciales, deterioro de las infraestructuras y deficiencias en la seguridad de los palacios de justicia.
Según explicaron, estas carencias provocan que un solo servidor judicial deba asumir las funciones de varias personas, mientras muchos jueces realizan el trabajo correspondiente a dos, tres y hasta cuatro magistrados.
En el manifiesto también cuestionaron las diferencias salariales dentro del sistema judicial, alegando que algunos empleados administrativos de altos niveles perciben salarios superiores a los de jueces y juezas.
Asimismo, criticaron gastos que calificaron de innecesarios en áreas como viajes, hospedajes, restaurantes, publicidad, eventos y contratación de influencers.
Los manifestantes denunciaron además el uso de recursos institucionales para gastos “superfluos”, mencionando la instalación de un árbol navideño cuyo costo, según afirmaron, habría rondado los RD$11 millones.
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