SANTO DOMINGO.- Los partidos políticos y movimientos reconocidos que no han presentado sus informes financieros a la fecha, no recibirán la contribución económica que el Estado otorga a través de la Junta Central Electoral (JCE).
La decisión fue adoptada por el Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) en su sesión administrativa ordinaria de este miércoles.
“A partir de la fecha y hasta tanto no regularice su situación, no recibirá la contribución económica que el estado otorga a los partidos políticos por intermedio de la Junta Central Electoral”, precisa la comunicación dirigida a los partidos políticos por la JCE.
“La Junta Central Electoral no podrá entregar ninguna partida que corresponda a un partido o agrupación política determinada, si esta no le ha presentado el informe semestral al que se refiere el presente artículo”.
En un documento de prensa, el Pleno de la JCE sostiene que constató a través del informe realizado por su Secretaría General que a la fecha no han presentado los informes financieros los partidos políticos y agrupaciones políticas: Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Alianza País, Partido Humanista Dominicano, Bloque Institucional Social Demócrata, Dominicanos por el Cambio.
Tampoco el Frente Amplio, Fuerza Nacional Progresista, Alianza por la Democracia, Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD), Partido Demócrata Institucional, Partido Revolucionario Independiente, Partido de Unidad Nacional, Movimiento Provincial Juventud Presente, Movimiento Independiente Unidad y Progreso y Movimiento Alianza por el Rescate de Barahona.
Según el reglamento que establece las normas contables para el manejo de la distribución de la contribución económica del Estado a los partidos políticos y los ingresos de otras fuentes lícitas, aprobado por el Pleno de la Junta Central Electoral el 21 de marzo del año 2017.
Los partidos políticos y agrupaciones políticas deben presentar cada seis meses una relación pormenorizada de sus ingresos y gastos, y deben entregar estados financieros certificados por un contador público autorizado (CPA) dentro de los sesenta días de cada año, según el artículo octavo.