SANTO DOMINGO.-La presidenta de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (ACOPROVI), Annerys Meléndez, afirmó que las constantes denuncias de estafas inmobiliarias están afectando las ventas en el sector de la construcción de viviendas.
“Otro aspecto que no ha estado afectando en los últimos tiempos, afectando las ventas del sector, tiene que ver con esta percepción de que hay más estafas inmobiliarias que crea inseguridad, que yo podría desmitificar, porque la realidad es que no representa al sector”, apuntó Meléndez.
«¿Hay más estafa en estos momentos? Las estadísticas que tenemos de ofertas de edificaciones, la más reciente del 2024, explica que existen 40,400 viviendas en proceso de ofertas, ya sean vendidas, en ventas u ofertas futuras, y de las más de 40 mil que existen en el Gran Santo Domingo, reflejan menos de un 70%, pero que si uno lo extrapola, vamos a suponer que sean 50 mil en total, cuántas estafas hemos tenido. Son muy dolorosas, pero no representan a los promotores tradicionales del sector, pero son cientos versus 50 mil; por eso es que tenemos que tener en cuenta que las estafas no son representativas en el sector de construcción y desarrollo de viviendas», señaló.
Precisó que las estafas se pueden evitar, y que hay muchas cosas que la ciudadanía debe conocer para evitar ser estafada.
«Primero elegir un constructor o promotor que sea de reputación en el mercado, eso es importante, porque la trayectoria de una empresa te mide cuál es su nivel de responsabilidad, la seguridad con que va a entregar el inmueble, y el segundo punto es el nivel de legalidad del proyecto.
Sobre ese particular dijo que hay que averiguar cómo está la permisología del proyecto, si el solar pertenece al mismo promotor que va a ejecutar el proyecto, si tiene un financiamiento aprobado.
“O sea, ¿cuáles factores le dan solvencia moral y económica al proyecto? Y por último, tiene mucho que ver con la competencia en el mercado. No nos dejemos engañar, si una vivienda en el mercado su precio ronda los US$100,000, y a usted le ofrecen una en US$50,000, con algunas amenidades que es imposible de lograr, como una playa cercana a un sitio donde no hay playa cerca, tómese en consideración que la oferta sea real”, recomendó la experta.
Annerys Meléndez pide regularizar 87 mil haitianos que necesita el sector como mano de obra
Al sector de la construcción le han afectado las repatriaciones desorganizadas que hacen las autoridades, pese a que cumplen con el porcentaje de 80/20 que exige la ley en cuanto a la contratación de manos de obra extranjeras, explicó la presidenta de ACOPROVI, Annerys Meléndez.
“Las políticas de repatriaciones que ha habido en los últimos meses nos ha afectado, porque si se hace de manera desorganizada, sin prever que existe una mano de obra que se necesita y que está trabajando, que podría estar legal, porque cumple con el 80/20, se desorganiza y se afecta el sector”, advirtió la dirigente empresarial del sector construcción.
Meléndez dijo que si se toma la cantidad de empleos formales que genera el sector, cuya cifra asciende a los 435 mil trabajadores, y se aplica el 20%, por lo que establece la ley del 80/20, eso implica que necesitan 87 mil permisos de trabajo para los obreros haitianos que laboran en esa industria.
“Deberíamos tener, al menos, 87 mil permisos de trabajo de extranjeros para el sector de la construcción, y para que eso suceda, ¿qué debemos hacer, flexibilizar, o al menos actualizar hasta lo posible los requisitos para obtener esos permisos?”, sugirió.
Aclaró que “el extranjero está aquí, no podemos hacernos de la vista gorda con eso, no podemos decir que se vayan a su país, para que vuelvan de nuevo, y entonces saquen el permiso”.
Insistió en que el sector que representa cumple con el 80/20 que establece la ley y, según ella, el mito está en qué área de la construcción se mide: “Cuando estamos hablando de terminaciones, hay muchos dominicanos, pero las labores rudimentarias iniciales de mucha fuerza de trabajo, excavaciones, demoliciones y la parte de obras gris, los dominicanos no quieren hacer esas labores, pero eso no sucede aquí solamente; en otros países es lo mismo. En el sector construcción, son los extranjeros, los inmigrantes, que toman esas labores que los locales no quieren hacer”.
Criticó que gran parte de los operativos contra la inmigración que implementan las autoridades los realizan en proyectos de construcción, en vez de ir por aquellos que no están insertados en labores productivas.
En otro orden, la presidenta de ACOPROVI atribuyó los derrumbes que se producen en algunas construcciones a que las mismas son construidas por personas que carecen de la formación requerida para este tipo de trabajo, y pidió a las autoridades sancionar a quienes se dedican a esa práctica sin la suficiente expertiz para un trabajo tan delicado como ese.
En torno al bono para la vivienda de bajo costo, la profesional de la ingeniería favoreció que su entrega y administración sea transferida al Ministerio de Vivienda, ya que en la actualidad quien lo está llevando a cabo es la Dirección General de Impuestos Internos, cuya tarea principal es recaudar dinero.