El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional está a la espera de que la Procuraduría General de la República dé el visto bueno a un acuerdo relacionado con la Torre Crystal, ubicada en el Ensanche Naco.
El doctor Jorge Lora Castillo señaló que ha sido imposible obtener una respuesta de la Procuraduría, a pesar de que no debería existir mayor interés por parte de los propietarios, quienes creen que los apartamentos están siendo usufructuados por procuradores fiscales y procuradores de corte.
El doctor Jorge Lora Castillo, representante de uno de los propietarios, indicó que la situación fue puesta en conocimiento de la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito.
«Se ha llegado a un acuerdo, que ha tomado aproximadamente dos años en concretarse, y que incluye la entrega de los apartamentos a los afectados. Sin embargo, la implementación del acuerdo, a pesar de que todos los inversionistas están conformes, no ha podido llevarse a cabo, debido a que estamos esperando una supuesta autorización del Departamento de Persecución del Ministerio Público», indicó en rueda de prensa en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Añadió que el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional ha aplazado varias veces la audiencia, a la espera de una solución alterna al conflicto, con el consentimiento de todas las partes involucradas, y que solo están esperando que la Procuraduría General de la República dé su visto bueno.
«Los apartamentos de la Torre Crystal, que serían entregados a los afectados y víctimas, están siendo ocupados por procuradores fiscales y procuradores de corte, quienes no tienen interés en desocupar el inmueble», explicó.
El abogado expresó que se niega a creer que esa actitud de los fiscales esté impidiendo la salvaguarda de los derechos de los afectados.
La obra fue financiada por la Corporación de Crédito Oriental S.A., acusada de un fraude que, según los querellantes, supera los 1,600 millones de pesos. Los imputados en este caso son Roberto Eduardo López Santiago, Robert Eduard López Núñez, Maybert López Núñez y Ana Cristina Duvercies Almonte de Caba.
Desde agosto de 2013, la Superintendencia de Bancos realizó varias revisiones a la Corporación de Crédito Oriental, detectando irregularidades en cada una de ellas, que resultaron en 20 sanciones administrativas y otras penales, según lo expresado por el Ministerio Público.
La acusación precisa que la entidad de intermediación financiera otorgó un préstamo en dólares a la empresa Torre Crystal por un monto de 14 millones 565 mil dólares, y que los imputados utilizaron los pagos que se hacían a dicha empresa para su beneficio personal.
La entidad no contaba con un control adecuado sobre sus activos fijos, se hacían contratos de préstamos sin la debida autorización ni la firma del deudor, utilizaban certificados financieros con el membrete de la Financiera Oriental y no suministraban la información necesaria para la inspección del órgano regulador.
Contra el Consejo de Administración de la Financiera Oriental S.A. y la Corporación de Crédito Oriental S.A. se habían presentado decenas de querellas.
La entidad se dedicaba a la captación de recursos en dólares, lo que está prohibido tanto a las Corporaciones de Crédito como a los Bancos de Ahorros y Crédito, según lo establecido en el artículo 42 de la Ley No. 183-02, Monetaria y Financiera.
En agosto de 2018, la Superintendencia de Bancos asumió el control de la Corporación de Crédito Oriental S.A. para garantizar los depósitos de los ahorristas, tras detectar irregularidades en la entidad financiera.