SANTO DOMINGO.- El reciente reajuste salarial aprobado por el pleno de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD), el cual contempla incrementos mensuales entre RD$73,500 y RD$65,793, debe ser investigado por el Congreso Nacional, de acuerdo a legisladores y sociólogos consultados.
Antes de la realización de dicho aumento los miembros del organismo auditor del país ganaban entre RD$350,000 y RD$313,304.
El sociólogo José Rafael Durán consideró que el Congreso debe llamar a los integrantes de la Cámara de Cuentas para que expongan las razones por las que se aumentaron.
“Hay principios básicos que dicen que no se pueden legislar para sí mismo, están violando las leyes”, sentencia Durán. Considera una desfachatez tener salarios tan por encima del promedio, sobre todo en un órgano como la CC que fiscaliza el manejo de los fondos públicos.
En tanto que los voceros de los bloques de diputados de los partidos Revolucionario Dominicano (PRD) y Reformista Social Cristiano (PRSC), Radhamés González y Máximo Castro Silverio, están de acuerdo en que la Cámara de Diputados debe iniciar una investigación para determinar si la disposición salarial se ajusta a la ley o no.
González califica el aumento como “totalmente desafortunado, en una CC que hasta el momento no ha hecho ni el primer esfuerzo por someter ninguna auditoría. Es pagarle mucho dinero a gente que no está haciendo nada”.
De su lado, el presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez Pérez, defiende la legalidad del aumento amparado en la resolución del pleno del 5 de noviembre del 2013, que aprueba una política salarial para su personal.
Dicha resolución establece un tabulador para los salarios y en su artículo 5 manda a revisar anualmente los niveles salariales que establece, para su adecuación “conforme a los indicadores económicos que incidan en estos para corregir la inequidad, de conformidad con la disponibilidad presupuestaria”.
Niega que esté violando la Constitución que, en su artículo 140, prohíbe aumentar el salario en las instituciones públicas y autónomas que manejan fondos públicos.