En relación al caso de “Luisito La Uva» y otros investigados, se aclara que la medida de coerción impuesta no está relacionada con un delito de asesinato, sino con un allanamiento realizado en Santiago, el 18 de agosto, en el que fueron encontrados en posesión de sustancias ilícitas, un arma y otros objetos.
En la vista previa que tuvo lugar en Santiago el 25 de agosto, se evaluó la solicitud de medida de coerción contra Luis Alberto Ramos, Jennifer María Cruz Montolio y Randel Guillermo Adans, luego de que el Ministerio Público alegara que los mencionados individuos estuvieron involucrados.
Durante la vista, el Ministerio Público pidió la inclusión de documentos de otra jurisdicción (relativos a unos procesos contra Luís Alberto Ramos).
Ante la solicitud, la jueza precisó que, para la incorporación de nuevos documentos, el ministerio público debió solicitar el aplazamiento de la audiencia y notificar la documentación a los abogados de los imputados, garantizando el debido proceso.
El Ministerio Público declinó entonces el aplazamiento para estos fines y el conocimiento de la solicitud de medida de coerción continuó.
Asimismo, la defensa puntualizó que esos documentos no podían ser considerados dado que no fueron incluidos en la solicitud inicial.
En virtud de lo establecido por el Código Procesal Penal, la jueza decidió imponer medida de coerción consistente en impedimento de salida, garantía económica y presentación periódica, considerando que los investigados se encontraban individualizados con sus respectivas cédulas de identidad, presentaron documentos que demostraron su arraigo laboral y familiar, contaban con un domicilio conocido y eran infractores sin antecedentes previos, según constaba en los informes del Sistema de Investigación Criminal (SIC) aportados por el propio Ministerio Público.
Además, se precisó que en el proceso presentado no existen víctimas con su integridad en riesgo.
Cabe señalar que la imposición de estas medidas de coerción no impide que el Ministerio Público solicite medida de coerción adicionales contra Luis Alberto Ramos por hechos supuestamente cometidos en otras provincias del país.
Las medidas cautelares fueron dictaminadas tras un análisis de elementos probatorios y sustento legal, para proteger la integridad de la investigación y evitar que se evada el proceso.
Igualmente, la jueza establece en la resolución que las partes tienen un plazo de 10 días a partir de la notificación para recurrir la decisión.
El Derecho cuenta con reglas procesales para asegurar que las partes se encuentren en igualdad de condiciones a la hora de presentarse a un juez, que es un árbitro imparcial y también para evitar cualquier condena previa a la sentencia definitiva.