Las cuentas bancarias de Maxy Montilla, el cuñado del expresidente Danilo Medina acusado de corrupción, seguirán inmovilizadas, luego de que el juez de la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional declarara inadmisible el recurso de amparo con el que buscaba le devolvieran el manejo de esos recursos.
“Se declara inadmisible la acción de amparo interpuesta por Transformadores Salomón y Maxy Montilla por existir otras vías judiciales para reclamar el derecho y por existir autorización judicial para la inmovilización de los fondos. La lectura íntegra de la sentencia será el martes 24 de agosto a las 9:00 de la mañana”, falló el juez Raymundo Mejía.
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, ponderó la decisión del tribunal. Consideró que el Ministerio Público actuó conforme a la Constitución de la República, la Ley Orgánica del Ministerio Público, al Código Procesal Penal, y la Ley de Lavado de Activos.
Dijo que para inmovilizar las cuentas obtuvieron una autorización judicial en tiempo hábil. Explicó que hay una investigación en curso y que tan pronto tengan los elementos para tener un expediente blindado, lo someterán ante los tribunales.
El representante de Maxy Montilla, el abogado Edward Veras, dijo que recurrirán ante el Tribunal Constitucional o al tribunal que sea necesario para hacer valer los derechos de su cliente.
Durante la audiencia, este abogado había argumentado que a su cliente se le violentaron los derechos fundamentales al inmobilizarle sus cuentas, el 30 de noviembre del 2020, antes de que se emitiera una orden de un juez autorizándolo.
También planteó que en la actualidad su defendido no sabe de manera precisa cuáles son las pruebas o los asuntos sobre los cuales está siendo investigado, ya que no les han notificado pese a hacer solicitudes al Ministerio Público.
Precisó que la inmobilización de las cuentas de la empresa Transformadores Solomon Dominicana, S.A. ha generado imposibilidad material de cumplir con sus obligaciones frente a sus empleados, acreedores, contratistas, suplidores y frente a la propia administración tributaria (Dirección General de Impuestos Internos).
Dijo que mantener la inmobilización sería condenar a la empresa a desaparecer. Precisaron que en las cuentas intervenidas hay suficientes recursos para pagar casi RD$200 millones debe al Estado dominicano en impuestos y 800 mil dólares a suplidores.