Un anteproyecto para derogar la ley vigente sobre compras y contrataciones busca establecer de forma más directa que no podrán ser oferentes o contratar con los entes públicos “los parientes del presidente y vicepresidente” de la República, “sean por consanguinidad o por afinidad, hasta el segundo grado, así como los cónyuges, parejas en unión libre, las personas vinculadas por análoga relación de convivencia afectiva o con las que se hayan procreado hijos”.
El Anteproyecto de Ley General de Contrataciones Públicas fue presentado ayer por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), entidad que espera recibir las observaciones de la población y de organizaciones en los próximos 25 días.
La propuesta de la DGCP prohíbe que puedan ser oferentes o contratar las personas jurídicas en las que el presidente y el vicepresidente o sus parientes, y otros funcionarios precisados en la ley, tengan participación societaria, sin importar el porcentaje de dicha participación. Esto es distinto a la ley vigente, que pone un porcentaje superior al 10 %.
En la opinión pública fue muy cuestionado que Maxy y Alexander Montilla Sierra, hermanos de la exprimera dama de la República, Cándida Montilla, obtuvieran adjudicaciones en el sector eléctrico por más de RD$13,500 millones durante los ocho años de gobierno de Danilo Medina, de acuerdo con publicaciones periodísticas.
La ley vigente sobre Compras y Contrataciones (340-06) y sus modificaciones data del año 2006. Según Pimentel, esta legislación, “con relación al régimen de sanciones, es limitada y es débil”.