Tras ganar el poder con solo seis años de creado, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) enfrenta una situación interna muy difícil: todos los dirigentes entienden que merecen un lugar en la administración del Estado.
Pero el pastel gubernamental solo da para un poco más de 620 mil empleos, lo cual está muy por debajo para los 2.1 millones de votos que obtuvo el PRM en la contienda electoral del cinco de julio pasado.
La situación se complica aún más con la disposición del presidente Luis Abinader de eliminar instituciones innecesarias o con duplicidad de funciones para optimizar los recursos y usarlos en áreas necesitadas.
Además, que estableció una orden de no cancelar de forma masiva a los colaboradores de la dirección del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), como medida contra el desempleo, provocado por la crisis del COVID-19.
En Santiago, se dice que un impasse entre la vicepresidenta, Raquel Peña, y el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, retrasó el nombramiento del director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan).
Peña tenía a Silvio Carrasco y Paliza a Robinson Díaz, pero al final se nombró a Andrés Burgos, del grupo de Hipólito Mejía y de la base del PRM en Santiago.