SANTO DOMINGO.- Un hombre hallado culpable de homicidio y robo agravado fue condenado a 40 años de prisión en Santo Domingo Este.
La sentencia fue dictada en contra de Jesús Francisco Ramírez Guzmán, alias Lili y/o Omali, por causarle la muerte con un arma blanca al cabo (R) de la FARD Polanco González, alas El Rubio, mientras la víctima realizaba labores de motoconcho.
El Ministerio Público solicitó la pena máxima de 40 años de prisión contemplada en la Ley No. 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados, que establece en el párrafo II del artículo 66 que “cualquier persona física que le quitase la vida a otra para cometer robo con violencia, será castigada con una pena de 30 a 40 años de privación de libertad”.
Ramírez Guzmán además fue hallado culpable de violar los artículos 295, 296, 297, 298, 302, 379, 382, 383 del Código Penal Dominicano, que castigan el homicidio y el robo agravado.
El fiscal titular Milcíades Guzmán Leonardo, tras dar a conocer los detalles de la sentencia condenatoria obtenida, dijo que como ha ocurrido en el presente caso, seguirán procurando que todos aquellos que utilicen un arma ilegal para herir, matar y robar a los ciudadanos, sean igualmente condenados a la pena máxima.
Según consta en el expediente instrumentado por la Fiscalía, el hecho ocurrió aproximadamente las 11:15 de la mañana del día 24 de mayo de 2017 cuando el hoy occiso Polanco González se encontraba laborando como motoconchista en una parada de la calle 4 de Agosto y el acusado le solicitó sus servicios para que lo transportara al sector Lucerna.
Agrega que mientras transitaban por la calle Manantial del citado sector, el encartado le ordenó que detuviera la marcha, y halando por un cuchillo le manifestó que le entregara todas sus pertenencias. Indica que el hoy occiso se resistió y que en medio de un forcejeo su atacante le infirió varias estocadas que le produjeron la muerte, despojándolo a seguidas de su arma de reglamento, una pistola marca MAB, calibre 22 milímetros.
El Segundo Tribunal Colegiado de esa jurisdicción dictó la sentencia condenatoria tras acoger la solicitud del Ministerio Público, disponiendo el cumplimiento de la misma en la Penitenciaría Nacional de La Victoria.