SANTO DOMINGO.- El Ministro Público solicitó ayer formalmente envío a juicio de fondo a los siete imputados por los sobornos pagados por Odebrecht. De igual manera pidió imponer medida de coerción consistente en 20 millones de pesos como garantía económica, impedimento de salida, presentación periódica a Jesús-Chú- Vásquez e inmovilización de sus bienes y productos financieros.
Los fiscales solicitaron acreditar todos los elementos aportados por ellos, mantener las medidas de coerción a Ángel Rondón Rijo, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga Arzeno, Tommy Galán Grullón y Juan Roberto Rodríguez, así como la inmovilización de sus bienes y activos financieros.
“Este tribunal tiene la obligación de evacuar de manera general o de manera particular o en ambos casos cuál ha sido la evidencia que ha aportado el Ministerio Público y decidir sobre la licitud de la misma, sobre la suficiencia de la misma, de cara a la probabilidad de una condena en juicio”, dijo Wilson Camacho durante el discurso final.
Afirmó que han aportado cientos de medios de prueba que comprometen la responsabilidad penal de cada uno de los acusados por los 92 millones de dólares que Odebrecht admitió haber pagado en soborno para ser beneficiaria de obras del Estado.
Como en audiencias anteriores, los imputados pidieron hacer constar en acta las aclaraciones y defensa material que hacen ante las imputaciones de soborno, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, asociación de malhechores, falsedad en declaración jurada de bienes, prevaricación y mezclarse en asuntos incompatibles con la función pública.
“Yo, toda mi vida me he considerado un servidor público, nunca en mi vida me he considerado un profesional de la política. La política a mí no me ha enriquecido, la política a mí me ha enfermado, yo tengo 14 años en tratamiento psiquiátrico fruto de mi activismo político, pero yo jamás en la vida he puesto la mano a lo que a mí no me pertenece”, afirmó Roberto Rodríguez.
Dijo que el millón de pesos que el Ministerio Público afirma que recibió de soborno es un dinero pagado a otra persona, cinco años después de que él dejara de ser funcionario público.
“Al realizar una auditoría documental, entre las actas que conoció la comisión y este cuadro, y las obras imputadas, hay tres que están en el aire y no se me computan siendo conocidas igualmente por nosotros y por la comisión. Y para nosotros es importante ver los criterios de selectividad que diferencian una de otras cuando las mismas han sido revisadas sobre los mismos parámetros”, dijo Tommy Galán.