La Pepca espera que la Corte de Apelación rechace la recusación presentada por uno de los imputados contra el juez Deiby Timoteo Peguero
Santo Domingo.- El Ministerio Público aseguró este lunes que no existen motivos jurídicos válidos para retrasar el proceso judicial contra los acusados de integrar una red criminal que habría distribuido sobornos por más de RD$108 millones para obtener y mantener contratos de servicios de seguridad privada en distintas instituciones públicas.
El fiscal litigante Ernesto Guzmán Alberto sostuvo que el proceso debe continuar su curso, al referirse a la recusación presentada por el imputado Elías Caamaño Pérez contra el juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
“No hay ningún motivo jurídico válido para suspender o retrotraer un proceso que ya tendría sus audiencias”, expresó Guzmán Alberto al ser abordado por periodistas a la salida del tribunal.
El representante del Ministerio Público manifestó que espera que la Corte de Apelación rechace la recusación y disponga la continuación del proceso.
Caamaño Pérez, excoordinador de Seguridad Patrimonial del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), es señalado por el órgano acusador como uno de los integrantes de la estructura. En octubre pasado, el juez Deiby Timoteo Peguero dispuso su separación del expediente matriz presentado contra la presunta red de sobornos.
Acusación por sobornos
En julio pasado, el Ministerio Público presentó acusación formal y solicitó apertura a juicio contra 14 personas físicas y jurídicas señaladas de formar parte de la estructura que, según las investigaciones, operaba mediante la manipulación de contratos públicos y el pago de sobornos a funcionarios encargados de la seguridad institucional.
Entre los procesados figuran Quilvio Rodríguez González, representante de la empresa Servicio Nacional de Seguridad Integral, S.R.L. (Senase); Bolívar Nicolás Fernández Espinal, exencargado de Seguridad de Edenorte; Carlos Ambrosio Robles Díaz, exdirector de Seguridad de Edesur, y Francisco Guarín Fernández Vásquez, exdirector de Seguridad del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI).
También están acusados Ramón Quezada Ortiz, miembro del Departamento de Seguridad de EdeEste; Andrés Pacheco Varela, exencargado de Seguridad de Edenorte; Wellington Peralta Santos, exasistente del encargado de Seguridad del INAIPI; Luis Ernesto Vicioso Bocio, exdirector de Seguridad de EdeEste, y Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar.
El expediente incluye, además, a las empresas Servicios Senase y El Niño Prodigio EIRL, vinculadas a Quilvio Bienvenido Rodríguez, así como a Magestym Waste & Recycling Company, S.A., y Magesty Recycling, S.R.L., relacionadas con Bolívar Nicolás Fernández Espinal y Miguelina Antonia Rosario Sánchez.
De acuerdo con la acusación, los sobornos identificados ascienden a RD$108,080,359.92, dinero que habría sido exigido y recibido por encargados de seguridad de distintas instituciones públicas y otros funcionarios para favorecer a contratistas de servicios de vigilancia privada.
La investigación, encabezada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el apoyo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, surgió a partir de una denuncia remitida por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.
Las pesquisas establecieron que la empresa Senase habría pagado sobornos durante los períodos 2012-2020 y 2020-2025, mediante transferencias bancarias y entregas de dinero en efectivo, con el propósito de asegurar la permanencia de los contratos de seguridad privada adjudicados en las instituciones públicas.
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