El imputado deberá presentarse cada 15 días ante el Ministerio Público y tiene impedimento de salida de San Francisco de Macorís; las autoridades investigan un presunto plan de atentado contra el mandatario durante la conmemoración del Día de la Constitución.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del distrito judicial de Duarte impuso este viernes una garantía económica de RD$1 millón en efectivo, presentación periódica e impedimento de salida del municipio de San Francisco de Macorís a un hombre investigado por presuntamente amenazar al presidente de la República, Luis Abinader.
Las medidas de coerción fueron impuestas a Delvinson De La Cruz Sosa, de 29 años, contra quien el Ministerio Público había solicitado prisión preventiva.
La decisión del juez Wilton Oniel Peguero establece que el imputado deberá presentarse cada 15 días ante el Ministerio Público y permanecer bajo el cuidado y vigilancia de su padre durante seis meses.
Investigación sobre presunto atentado
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, De La Cruz Sosa fue arrestado mediante una orden judicial durante un allanamiento realizado en un apartamento ubicado en el sector Vista del Valle, en San Francisco de Macorís, donde reside.
Como parte de las diligencias, las autoridades también allanaron la Ferretería Molina, situada en la avenida Profesor Juan Bosch, establecimiento donde labora el investigado.
La solicitud de allanamiento señala que la investigación está relacionada con la planificación de un presunto atentado terrorista contra el presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, que supuestamente estaba previsto para el 6 de noviembre de 2026, en la sede del Congreso Nacional, durante la conmemoración del Día de la Constitución.
En los operativos fueron ocupados objetos electrónicos y sustancias químicas que son evaluados por las autoridades como parte de las evidencias del caso.
El Ministerio Público indicó que sus diligencias buscan identificar y recopilar equipos electrónicos, armas de fuego, pertrechos militares, artefactos explosivos y cualquier otro elemento que pueda guardar relación con los hechos investigados.
La investigación cuenta con el apoyo de la División de Investigaciones de Delitos Informáticos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), cuyos organismos de inteligencia habían alertado sobre las presuntas intenciones del investigado.
El fiscal litigante Engels Luis Polanco representó al Ministerio Público durante la audiencia. La orden de arresto había sido solicitada por los fiscales Benedicto Arquímedes Reynoso Sánchez, Pedro Williams Concepción y Elington Santiago Villar.
El proceso judicial se encuentra en fase de investigación y las imputaciones deberán ser establecidas conforme avance el proceso.
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