El gobierno nicaragüense es responsable de al menos ocho muertes de detenidos desde que inició su represión contra la disidencia y su ataque a las instituciones democráticas en 2018, afirmaron expertos de la ONU el martes.
El informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU fue la más reciente condena al gobierno de los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, que ha aplastado la disidencia desde las protestas masivas de 2018 y recientemente anuló las elecciones.
“Un Estado que recurre a la desaparición forzada y permite que personas mueran bajo su custodia no cumple con los estándares mínimos de derechos humanos exigidos para una gobernanza democrática creíble” indicó Jan-Michael Simon, presidente del grupo.
El informe detalló inconsistencias en el relato del gobierno sobre la muerte bajo custodia del líder indígena miskito Brooklyn Rivera, quien estuvo encarcelado durante 32 meses con casi ningún contacto con su familia antes de morir en mayo.
El comunicado oficial tras su muerte la vinculó con complicaciones posteriores a una infección previa de COVID-19, algo que nunca se había mencionado en comunicados anteriores. Una evaluación independiente de Physicians for Human Rights indicó que la explicación “no era médicamente coherente”.
Esa evaluación también concluyó “tanto el momento en que se manifestaron las enfermedades como el tipo de microorganismos identificados indican que las infecciones se contrajeron durante la privación de libertad o en el hospital, y no en la comunidad”.
Las declaraciones en torno a su muerte no pudieron verificarse de manera independiente porque no se ordenó ninguna investigación independiente ni una autopsia, señaló el informe. Sus autores instaron al gobierno a entregar el cuerpo de Rivera a su familia para un entierro conforme a las tradiciones miskitas.
Murillo sostuvo que Rivera recibió atención médica y apoyo familiar durante toda su enfermedad. El gobierno no respondió a una solicitud de comentarios adicionales.
El informe también detalló las fallas en la atención en las muertes de Humberto Ortega, hermano distanciado de Ortega; del exguerrillero sandinista Hugo Torres, y del abogado Carlos Cárdenas Zepeda.
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Los expertos documentaron la desaparición de al menos 161 personas desde 2018. El reporte instó al gobierno a divulgar información sobre 29 personas cuyo paradero sigue siendo desconocido y a liberar a cualquiera que esté detenido por motivos políticos.
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