El proyecto de ley depositado por el Poder Ejecutivo ante el Congreso Nacional para crear la Corporación Inmobiliaria para la Transformación del Ensanche La Fe (Citelf) contempla una intervención urbana que va más allá de la construcción de un nuevo estadio de béisbol y abarca terrenos estatales ubicados dentro de una zona especial del Distrito Nacional.
La propuesta establece que el nuevo estadio será construido en el perímetro donde actualmente funciona el Estadio Quisqueya Juan Marichal, mientras que el proyecto urbanístico contempla también los terrenos del Coliseo de Boxeo Carlos “Teo” Cruz y otras áreas ocupadas por instituciones públicas.
¿Cuáles áreas están contempladas?
El denominado “polígono especial Ensanche La Fe” incluye los terrenos donde se encuentran actualmente el Estadio Quisqueya y el Coliseo Carlos “Teo” Cruz, así como áreas ocupadas por instituciones estatales.
Entre estas figuran terrenos utilizados por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la Comisión Militar y Policial (Comipol).
La inclusión de estas áreas responde a la intención de desarrollar alrededor del nuevo estadio un proyecto inmobiliario y urbanístico de mayor escala, con espacios públicos, calles internas, áreas verdes y nuevas edificaciones.
No se trata, por ahora, de expropiar todo el sector
Uno de los puntos que puede generar confusión es el término expropiación. El proyecto depositado ante el Congreso no plantea que todas las propiedades del ensanche La Fe sean expropiadas para levantar el estadio.
La iniciativa establece que el Estado dominicano y Bandex podrán aportar a Citelf los inmuebles de su propiedad que estén ubicados dentro de las manzanas contempladas en el perímetro del proyecto.
Es decir, el esquema inicial se concentra en patrimonio inmobiliario estatal, que sería aportado como capital a la sociedad de participación mixta. El valor de esos bienes sería determinado mediante tasaciones realizadas por tres profesionales del Instituto de Tasadores de la República Dominicana.
También podrían incorporarse otros terrenos públicos
El proyecto contempla además que, posteriormente, puedan incorporarse otros terrenos ocupados por entidades públicas dentro de la Zona de Uso Especial del ensanche La Fe.
Esto significa que el área de intervención podría ampliarse conforme avance el desarrollo del proyecto y se identifiquen los inmuebles estatales necesarios para completar el componente inmobiliario y urbanístico.
La propuesta busca así aprovechar terrenos públicos que actualmente tienen usos institucionales o deportivos para integrarlos a un plan urbano de mayor escala.
¿Qué se construirá en esas áreas?
El proyecto contempla que la transformación incluya un nuevo estadio de béisbol con estándares de las Grandes Ligas, diseñado para recibir partidos oficiales de MLB, además de otros eventos deportivos, recreativos y sociales.
También está prevista la remodelación del Coliseo Carlos “Teo” Cruz, mientras que el desarrollo inmobiliario deberá incorporar nuevos espacios públicos, calles internas y áreas verdes.
La construcción del nuevo estadio podría ejecutarse en un período estimado de tres a cuatro años, mientras que la transformación integral del ensanche La Fe se proyecta a más largo plazo. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, indicó que el desarrollo total podría extenderse entre 10 y 20 años.
El Estado conservaría la propiedad del estadio y el Coliseo
Aunque Citelf tendría a su cargo la administración y gestión del proyecto, el proyecto de ley establece que tanto el nuevo estadio de béisbol como el Coliseo Carlos “Teo” Cruz permanecerán como propiedad del Estado dominicano.
La sociedad tampoco podría vender ni disponer de los derechos de propiedad sobre esas infraestructuras.
El modelo propuesto combina, por tanto, terrenos y activos públicos con inversión privada, bajo una sociedad de capital mixto que tendría la responsabilidad de desarrollar el nuevo complejo deportivo e inmobiliario.
La iniciativa todavía debe ser conocida y aprobada por el Congreso Nacional, por lo que los detalles definitivos sobre el perímetro, los inmuebles que serán aportados y las condiciones de desarrollo dependerán del proceso legislativo y de las bases que posteriormente se establezcan para seleccionar al socio privado.
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