SANTO DOMINGO.– El abogado Jorge Lora Castillo, representante del Consorcio Mendes Junior-Méndez Cabral, informó que fueron trabados embargos retentivos contra cuentas y fondos vinculados al Banco Central de la República Dominicana (BCRD) en instituciones financieras y organismos internacionales, entre ellos el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La medida se produce luego de una sentencia que, según explicó el jurista, condena al Banco Central al pago de 5 millones de dólares a favor del consorcio y que, a su entender, adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.
Lora Castillo sostuvo que el Banco Central ha desacatado una decisión judicial que considera definitiva, situación que, afirmó, afecta el Estado de derecho y la seguridad jurídica del país.
“Ante esa actitud del Banco Central de desacatar una decisión definitiva conforme a la Ley de Casación, hemos procedido a embargar al Banco Central de la República Dominicana en todas las instituciones financieras y de intermediación que existen en la República Dominicana, así como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y todas las entidades que tienen que ver con los préstamos hacia la República Dominicana”, declaró.
El abogado informó que la Novena Sala Civil fijó para el próximo 28 de septiembre la audiencia en la que se conocerá la validez de los embargos retentivos trabados en manos de organismos financieros internacionales.
“Vamos a conocer la validez del embargo retentivo trabado en manos del Banco Mundial, FMI, Banco Interamericano de Desarrollo y todas esas entidades”, manifestó.
Advierte posible sometimiento penal
Lora Castillo también advirtió que, si el Banco Central mantiene lo que calificó como una actitud de desacato frente a decisiones judiciales definitivas, sus representantes legales evalúan acudir a la vía penal.
“Estamos estudiando proceder al sometimiento penal conforme al nuevo Código Procesal Penal y al nuevo Código Penal contra el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, y la Junta Monetaria”, afirmó.
El jurista explicó que el conflicto judicial se remonta a más de dos décadas y tiene su origen en una operación mediante la cual el Consorcio Mendes Junior-Méndez Cabral recibió en dación de pago una porción de aproximadamente 5,000 metros cuadrados de terrenos ubicados en el área donde operaba el antiguo Aeropuerto de Herrera.
Según Lora Castillo, los terrenos fueron entregados como compensación por trabajos realizados en la ampliación de la Autopista Duarte, por un valor de RD$38,805,457.90.
El abogado sostuvo que, cuando sus representados acudieron a realizar los procesos de deslinde y registro correspondientes, se percataron de que los terrenos habían sido distribuidos a terceros, lo que motivó el inicio de acciones judiciales contra el Banco Central.
Sentencia del 13 de agosto
El representante legal indicó que, después de 22 años de litigios, el consorcio obtuvo una decisión favorable el 13 de agosto de 2026, mediante la cual la Segunda Sala de la Cámara de lo Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional condenó al Banco Central al pago de US$5 millones o su equivalente en pesos dominicanos, además de las costas del procedimiento.
De acuerdo con Lora Castillo, la sentencia fue dictada en cumplimiento de un envío realizado por la Suprema Corte de Justicia, por lo que, conforme a su interpretación de la Ley 2-23 sobre Procedimiento de Casación, no sería susceptible de otro recurso.
La decisión fue notificada al Banco Central, a su gobernador, Héctor Valdez Albizu, y a sus representantes legales mediante el acto número 1098/2026, diligenciado el pasado 21 de agosto por el ministerial William Radhames Ortiz Pujols.
Los jueces Matías Modesto Del Rosario, presidente; Ynés A. De Peña Ventura, Jorge Luis Reyes Lara y Pricila Martínez Tineo, también condenaron al Banco Central al pago de las costas del procedimiento, según lo informado por el abogado.
“Después de 22 años peleando en los tribunales de la República, todavía nuestros representados no tienen una solución sobre la base de que el Banco Central se entiende por encima de la ley y por encima del derecho”, expresó Lora Castillo.
El proceso corresponde a una demanda en rescisión de contrato y reparación de daños y perjuicios interpuesta por el Consorcio Mendes Junior-Méndez Cabral contra el Banco Central, relacionada con la compra de una porción de terreno de 5,000 metros cuadrados dentro del ámbito de la parcela 110-reformada-780-T11 del Distrito Catastral número 1.
El abogado afirmó que la entidad bancaria, pese al contrato notarizado y al compromiso asumido desde 2004, habría recurrido las decisiones judiciales anteriores y que los terrenos objeto de la transacción fueron posteriormente distribuidos a terceros.
La sentencia que favorece al consorcio fue notificada al Banco Central, al gobernador Héctor Valdez Albizu y a sus abogados.
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