El presidente Daniel Ortega manifestó que Nicaragua no celebrará elecciones en el corto plazo, una declaración que subraya sus empeños por prolongar su gobierno de casi 20 años y que frustra las esperanzas de la oposición de que pudiera atender sus exigencias de una votación democrática.
El anuncio canceló de facto los próximos comicios en el país, previstos originalmente para noviembre de 2027, luego de que en enero de 2025 el Congreso controlado por el gobierno votara ampliar un año el mandato presidencial de cinco años.
Ortega habló el domingo durante el aniversario de la Revolución Sandinista, la cual derrocó la dictadura de Anastasio Somoza en 1979 y lo llevó por primera vez al poder. Regresó a la presidencia en 2007, y desde entonces ha reescrito la Constitución, aplastado a la oposición política y consolidado su control sobre prácticamente todas las ramas del gobierno nicaragüense.
Desde las protestas masivas de 2018, que derivaron en una sangrienta represión gubernamental que dejó cientos de muertos, Ortega y su esposa y copresidenta, Rosario Murillo, se han aferrado al poder.
Ortega se declaró ganador de las elecciones de 2021 —una votación que la comunidad internacional considera ilegítima— después de encarcelar a todos los candidatos que podrían haberlo derrotado. Estados Unidos no reconoce su presidencia.
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“Aquí no volverá a haber elecciones”, declaró Ortega en un discurso en el que arremetió contra Washington, su adversario de larga data. “Aquí se acabó la historia de que los partidos puestos por los yanquis, puestos por los somocistas, volverán a llegar al gobierno”.
“Jamás, jamás, jamás”, expresó al referirse a cualquier elección futura.
Opositores y grupos defensores de los derechos humanos señalaron que el anuncio del domingo representa una intensificación de las maniobras, a medida que Ortega afianza aún más su control sobre Nicaragua.
Juan Sebastián Chamorro, candidato en 2021 que estuvo preso hasta que fue enviado a Estados Unidos en 2023 junto con más de 200 presos políticos, dijo que el anuncio deja al descubierto el plan de larga data de Ortega de concentrar el poder en manos del Partido Sandinista, en forma similar a otros países de partido único como China y Cuba.
“Es evidente que Ortega y Murillo temen la idea de que la más mínima apertura política pueda crear las condiciones para que se manifieste la disidencia y amenace su control del poder”, sostuvo Tiziano Breda, analista sénior para América Latina de ACLED, monitor independiente de conflictos.
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“En lugar de montar una elección amañada, han optado por eliminar por completo la competencia electoral”, añadió.
Danny Ramírez Ayérdiz, abogado nicaragüense y fundador del Centro Interamericano para la Asistencia Legal en Derechos Humanos, que investiga abusos del gobierno de Ortega y Murillo desde Argentina, dijo que el anuncio “termina evidenciando el rostro de una dictadura que ya sin ningún tipo de de pudor se enraizó al poder”.
“También da cuenta de un nivel posible mayor de represión contra personas que exijan la salida del poder, o la realización de procesos electorales”, agregó.
Al menos 46 personas están encarceladas en Nicaragua por razones políticas, según el grupo Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, que da seguimiento a los casos. Nicaragua niega tener presos políticos.
Tras la operación militar de Estados Unidos en enero que capturó al entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el gobierno nicaragüense anunció que liberaría a más presos, aparentemente en un intento por evitar presiones sobre sí mismo.
Pero no ha habido continuidad, y hay poca transparencia sobre el tema. Al menos un activista encarcelado ha muerto desde entonces.
En años recientes, el gobierno ha liberado a cientos de activistas, líderes religiosos y políticos encarcelados —incluidos varios candidatos presidenciales de 2021— hacia Estados Unidos y Guatemala, despojando a muchos de su ciudadanía nicaragüense y de sus pertenencias.
Quienes fueron liberados describieron que estuvieron recluidos en aislamiento y dijeron que fueron sometidos a tortura física y psicológica.
Desde 2018, Nicaragua también ha clausurado más de 5.000 organizaciones, en su mayoría religiosas, y ha obligado a miles a huir del país. Previamente en julio, el gobierno de Ortega y Murillo despojó masivamente a abogados de sus licencias para ejercer, en lo que expertos de la ONU calificaron como una “purga de la profesión jurídica”.
El presidente Daniel Ortega manifestó que Nicaragua no celebrará elecciones en el corto plazo, una declaración que subraya sus empeños por prolongar su gobierno de casi 20 años y que frustra las esperanzas de la oposición de que pudiera atender sus exigencias de una votación democrática.
El anuncio canceló de facto los próximos comicios en el país, previstos originalmente para noviembre de 2027, luego de que en enero de 2025 el Congreso controlado por el gobierno votara ampliar un año el mandato presidencial de cinco años.
Ortega habló el domingo durante el aniversario de la Revolución Sandinista, la cual derrocó la dictadura de Anastasio Somoza en 1979 y lo llevó por primera vez al poder. Regresó a la presidencia en 2007, y desde entonces ha reescrito la Constitución, aplastado a la oposición política y consolidado su control sobre prácticamente todas las ramas del gobierno nicaragüense.
Desde las protestas masivas de 2018, que derivaron en una sangrienta represión gubernamental que dejó cientos de muertos, Ortega y su esposa y copresidenta, Rosario Murillo, se han aferrado al poder.
Ortega se declaró ganador de las elecciones de 2021 —una votación que la comunidad internacional considera ilegítima— después de encarcelar a todos los candidatos que podrían haberlo derrotado. Estados Unidos no reconoce su presidencia.
“Aquí no volverá a haber elecciones”, declaró Ortega en un discurso en el que arremetió contra Washington, su adversario de larga data. “Aquí se acabó la historia de que los partidos puestos por los yanquis, puestos por los somocistas, volverán a llegar al gobierno”.
“Jamás, jamás, jamás”, expresó al referirse a cualquier elección futura.
Opositores y grupos defensores de los derechos humanos señalaron que el anuncio del domingo representa una intensificación de las maniobras, a medida que Ortega afianza aún más su control sobre Nicaragua.
Juan Sebastián Chamorro, candidato en 2021 que estuvo preso hasta que fue enviado a Estados Unidos en 2023 junto con más de 200 presos políticos, dijo que el anuncio deja al descubierto el plan de larga data de Ortega de concentrar el poder en manos del Partido Sandinista, en forma similar a otros países de partido único como China y Cuba.
“Es evidente que Ortega y Murillo temen la idea de que la más mínima apertura política pueda crear las condiciones para que se manifieste la disidencia y amenace su control del poder”, sostuvo Tiziano Breda, analista sénior para América Latina de ACLED, monitor independiente de conflictos.
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“En lugar de montar una elección amañada, han optado por eliminar por completo la competencia electoral”, añadió.
Danny Ramírez Ayérdiz, abogado nicaragüense y fundador del Centro Interamericano para la Asistencia Legal en Derechos Humanos, que investiga abusos del gobierno de Ortega y Murillo desde Argentina, dijo que el anuncio “termina evidenciando el rostro de una dictadura que ya sin ningún tipo de de pudor se enraizó al poder”.
“También da cuenta de un nivel posible mayor de represión contra personas que exijan la salida del poder, o la realización de procesos electorales”, agregó.
Al menos 46 personas están encarceladas en Nicaragua por razones políticas, según el grupo Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, que da seguimiento a los casos. Nicaragua niega tener presos políticos.
Tras la operación militar de Estados Unidos en enero que capturó al entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el gobierno nicaragüense anunció que liberaría a más presos, aparentemente en un intento por evitar presiones sobre sí mismo.
Pero no ha habido continuidad, y hay poca transparencia sobre el tema. Al menos un activista encarcelado ha muerto desde entonces.
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Quienes fueron liberados describieron que estuvieron recluidos en aislamiento y dijeron que fueron sometidos a tortura física y psicológica.
Desde 2018, Nicaragua también ha clausurado más de 5.000 organizaciones, en su mayoría religiosas, y ha obligado a miles a huir del país. Previamente en julio, el gobierno de Ortega y Murillo despojó masivamente a abogados de sus licencias para ejercer, en lo que expertos de la ONU calificaron como una “purga de la profesión jurídica”.
AP
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